El plazo comienza desde la notificación de la sentencia, aunque esta no sea firme, y su incumplimiento puede convertir la readmisión en irregular
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
En una reciente resolución, la jurisdicción social ha recordado un principio clave en materia de despido: la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la sentencia que declara la improcedencia para optar entre readmitir o indemnizar al trabajador despedido. Este plazo no se suspende por el hecho de que la sentencia no sea firme.
Si la empresa no comunica su decisión dentro de ese plazo, la readmisión posterior se considerará irregular, lo que puede dar lugar a consecuencias salariales y procesales relevantes.
¿Qué dice el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social?
Este precepto establece que:
“La empresa dispondrá de un plazo de diez días hábiles desde la notificación de la sentencia para comunicar su decisión de readmitir al trabajador o abonarle la indemnización correspondiente.”
Y añade que, si no se manifiesta ninguna opción dentro de ese plazo:
- Se entenderá optado por la readmisión, si quien puede optar es la empresa.
- Cualquier readmisión fuera de ese plazo se considerará irregular y no interrumpe el devengo de los salarios de tramitación.
La sentencia: readmisión fuera de plazo = readmisión irregular
El tribunal recuerda que:
- El dies a quo para contar los 10 días es la fecha de notificación de la sentencia de instancia, incluso si se presenta recurso.
- La finalidad del precepto es garantizar la seguridad jurídica del trabajador, que no puede quedar en una situación de indefinición laboral.
- Una readmisión tardía no impide que sigan devengándose salarios de tramitación, como si no se hubiera producido readmisión efectiva.
La única forma de suspender este plazo sería que el trabajador recurra y el empresario manifieste expresamente su intención de esperar el resultado del recurso, con conocimiento del juzgado.
Consecuencias de la readmisión irregular
Cuando la empresa incumple el plazo:
- El trabajador puede reclamar salarios de tramitación completos desde la fecha del despido hasta la efectiva readmisión.
- Se genera inseguridad jurídica para ambas partes y una posible declaración de incumplimiento empresarial, con efectos negativos en costas e indemnizaciones.
- Si la empresa “aparenta” una readmisión sin garantizar condiciones reales (salario, puesto, jornada…), también puede dar lugar a fraude procesal o simulación contractual.
Conclusión
Este criterio del tribunal refuerza el valor del plazo de los 10 días como límite imperativo para que la empresa comunique su decisión. La intención del legislador es evitar que el trabajador quede en un limbo jurídico mientras la empresa decide cómo reaccionar.
En Luis Ferrer Abogado, asesoramos tanto a trabajadores como a empresas en procedimientos de despido, readmisión y negociación judicial. Conocer y respetar los plazos procesales es clave para evitar consecuencias indeseadas.
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