Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
Una reciente sentencia ha absuelto a un hombre acusado de estafar 9.000 euros a un comprador que adquirió una retroexcavadora a través del portal Milanuncios. El tribunal ha considerado que no ha quedado acreditado que existiera ánimo de engaño suficiente en el vendedor ni prueba concluyente de que actuara con intención defraudatoria, lo que impide condenarle penalmente.
El fallo pone de manifiesto la importancia de diferenciar entre un incumplimiento contractual civil y una conducta constitutiva de estafa penal, exigiendo, para esta última, la existencia de dolo desde el inicio de la transacción.
Los Hechos
El denunciante manifestó que había ingresado 9.000 euros como pago de una retroexcavadora anunciada en el portal Milanuncios, pero nunca recibió la máquina. Alegó que el vendedor había desaparecido tras recibir el dinero y que no había intención real de entregar el producto. Sin embargo, la defensa del acusado alegó que sí existía voluntad de entrega, pero que hubo problemas logísticos y de comunicación que frustraron la operación.
Durante el juicio, no se pudo probar que el acusado actuase con ánimo previo de engaño ni que utilizase una identidad falsa o simulase una empresa inexistente.
Fundamento Jurídico
El delito de estafa, regulado en el artículo 248 del Código Penal, exige que el autor induzca a error a otro mediante engaño bastante, provocando un acto de disposición patrimonial que cause un perjuicio económico. Además, se requiere intención defraudatoria desde el inicio del negocio jurídico, no siendo suficiente una conducta negligente o un incumplimiento posterior del acuerdo.
En este caso, el tribunal entendió que no se acreditó la existencia de un engaño inicial relevante ni una actuación dolosa clara, sino que podría tratarse, en su caso, de un incumplimiento civil o de una operación mal gestionada.
Relevancia Práctica de la Sentencia
Este fallo recuerda que no todo conflicto económico relacionado con compraventas online constituye automáticamente una estafa penal. En muchas ocasiones, las controversias deben canalizarse por la vía civil, a través de reclamaciones por incumplimiento contractual o devolución de cantidades, sin que ello implique responsabilidad penal.
La distinción entre el ámbito civil y penal es esencial para evitar una criminalización excesiva de conflictos mercantiles que deben resolverse por otras vías.
Conclusión
La absolución del acusado en el caso de la retroexcavadora muestra la necesidad de aportar pruebas sólidas del engaño en los procesos penales por estafa. Desde Luis Ferrer Abogado, recordamos que el Derecho Penal debe aplicarse de forma restrictiva y garantista, y que, en operaciones comerciales, es clave documentar adecuadamente los acuerdos y verificar la identidad y fiabilidad de los vendedores.
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