El Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia abre juicio oral contra dos empresarios por fraude en el cobro de subvenciones públicas destinadas a la promoción del valenciano
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
El abuso de subvenciones públicas es una modalidad delictiva que afecta directamente a la integridad del gasto público. En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra dos empresarios, acusados de haber simulado actividades para obtener ayudas económicas destinadas al fomento del uso del valenciano.
El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos continuados de falsedad documental y estafa agravada, y fija cuantiosas fianzas de responsabilidad civil por un total cercano a los 250.000 euros, conforme a las cantidades indebidamente percibidas o solicitadas.
¿Qué se investiga?
Los empresarios, propietarios de medios de comunicación o entidades vinculadas al ámbito editorial y cultural, habrían:
- Presentado documentos presuntamente falsos para acreditar la realización de campañas o publicaciones en valenciano.
- Simulado gastos, tiradas o actividades de promoción que en realidad no se realizaron o fueron notablemente inferiores a lo declarado.
- Solicitado y percibido subvenciones públicas autonómicas, aprovechando los planes de apoyo lingüístico de la Generalitat Valenciana.
Según el juez instructor, estas conductas pueden integrar un plan concertado y reiterado para defraudar a la Administración, empleando documentación manipulada para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales.
Delitos imputados: falsedad documental y estafa agravada
El auto de apertura de juicio oral califica los hechos como:
- Delitos continuados de falsedad en documento mercantil (art. 390.1.2ª del Código Penal), al haberse confeccionado y presentado documentos con apariencia de veracidad para inducir a error.
- Delitos de estafa agravada (art. 250 CP), por tratarse de fraude a la Administración pública y superar el umbral económico relevante.
La agravación se justifica por la utilización de medios complejos y por la especial confianza depositada por la Administración en los beneficiarios.
Fianzas civiles impuestas
El juez fija medidas cautelares económicas para asegurar el eventual resarcimiento:
- 147.000 € para uno de los acusados.
- Casi 100.000 € para el segundo empresario.
Estas cuantías corresponden a las ayudas presuntamente obtenidas de forma fraudulenta, y podrían ampliarse si en juicio se acredita un perjuicio superior.
Relevancia jurídica y práctica
- La apertura de juicio oral implica que el caso supera la fase de instrucción y será enjuiciado por el órgano penal competente.
- La acusación pública podrá formular escrito de acusación con solicitud de penas de prisión, multas e inhabilitaciones.
- Los delitos contra la Hacienda Pública y las subvenciones no requieren perjuicio económico consolidado, basta con el intento doloso de defraudar mediante engaño bastante.
- La falsedad documental no se limita a certificados oficiales: también los justificantes económicos y facturas privadas pueden tener relevancia penal si se utilizan para engañar a una administración pública.
Conclusión
Este procedimiento es un ejemplo más de cómo el control judicial del uso de subvenciones públicas no se limita al ámbito contable o administrativo, sino que puede alcanzar la esfera penal cuando hay indicios de engaño deliberado, falsedad y enriquecimiento ilícito. Las penas por este tipo de delitos pueden superar los seis años de prisión, además de implicar la devolución íntegra de las cantidades obtenidas.
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