ARTICULO DE OPINION
El Tribunal Supremo ha sentado un precedente importante al dictaminar que la elección de la vía administrativa para resolver un conflicto excluye la posibilidad de promover posteriormente la misma acción en la jurisdicción civil. Este principio, conocido como «preclusión procesal», refuerza la necesidad de considerar cuidadosamente la elección del cauce jurídico antes de iniciar un procedimiento.
La elección de la vía y la preclusión procesal
En España, la coexistencia de diferentes jurisdicciones (administrativa, civil, penal y laboral) permite a los ciudadanos acceder a diversas vías para resolver sus conflictos. Sin embargo, el principio de preclusión procesal establece que no es posible someter el mismo conflicto a múltiples jurisdicciones si ya ha sido tratado y resuelto en una de ellas. Este principio tiene como objetivo evitar decisiones contradictorias y garantizar la seguridad jurídica.
El Supremo ha reiterado que, al acudir a la vía administrativa, las partes están aceptando implícitamente el marco normativo y las competencias propias de esa jurisdicción. Si una resolución administrativa resulta desfavorable, la revisión debe realizarse dentro del ámbito contencioso-administrativo, sin posibilidad de «reabrir» el caso en la jurisdicción civil.
Fundamentos jurídicos del fallo
El Tribunal Supremo se basa en los siguientes principios:
- Cosa juzgada y litispendencia: Estos conceptos protegen la estabilidad de las resoluciones judiciales y evitan que un mismo conflicto sea analizado repetidamente por diferentes tribunales.
- Elección consciente de la vía: La legislación española, especialmente en materia de procedimientos administrativos, contempla recursos y garantías específicas, como el recurso de reposición o el contencioso-administrativo. La elección de esta vía implica renunciar a explorar otras vías paralelas o sucesivas.
- Artículos del Código Civil y Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): Estos refuerzan la necesidad de agotar los recursos previstos en la vía inicial elegida antes de plantear acciones en jurisdicciones diferentes.
Implicaciones prácticas para los ciudadanos
Este pronunciamiento del Supremo tiene importantes consecuencias:
- Decisiones informadas: Los ciudadanos y sus representantes legales deben evaluar las implicaciones de optar por una vía específica. Un error en la elección puede limitar las opciones legales disponibles posteriormente.
- Agotamiento de recursos administrativos: Antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es fundamental agotar los recursos internos, como el recurso de alzada o el de reposición.
- Límites de la jurisdicción civil: Incluso en casos con aspectos que podrían parecer competencia de lo civil, si el conflicto está enmarcado en la esfera administrativa, la resolución inicial será vinculante.
Excepciones y matices
No obstante, este principio no es absoluto. Existen excepciones en casos donde:
- Se vulneren derechos fundamentales: La vía civil puede ser competente si se demuestra que un acto administrativo afecta derechos esenciales de manera directa.
- La resolución administrativa sea manifiestamente nula: En este caso, podría cuestionarse su validez en otras jurisdicciones.
Conclusión
El reciente fallo del Tribunal Supremo refuerza la importancia de una adecuada estrategia procesal desde el inicio de cualquier procedimiento. La preclusión procesal es un mecanismo diseñado para proteger la eficacia de las decisiones jurídicas, pero exige que los ciudadanos y sus abogados analicen detenidamente las implicaciones de su elección. En un sistema legal complejo como el español, contar con un asesoramiento jurídico especializado es fundamental para garantizar que los derechos sean defendidos de manera efectiva en la vía más adecuada.
Luis Ferrer. Abogado