ARTICULO DE OPINION
Introducción
El Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce una serie de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de protección a colectivos vulnerables. Estas disposiciones responden a la necesidad de continuar paliando los efectos económicos de la guerra en Ucrania, la inestabilidad geopolítica y las catástrofes naturales recientes, además de garantizar la protección social y la estabilidad financiera del país.
El presente artículo analiza los principales aspectos jurídicos de esta norma y su impacto en las distintas áreas que regula.
1. Medidas en Materia Económica y Financiera
Uno de los aspectos fundamentales de este decreto-ley es la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del régimen transitorio de suspensión de liberalización de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Esta medida se fundamenta en la necesidad de proteger la seguridad económica del país en un contexto de incertidumbre internacional.
Asimismo, se suspende la causa de disolución por pérdidas para aquellas sociedades mercantiles que se hayan visto afectadas por catástrofes naturales como la DANA de finales de 2024. De esta manera, se evita que empresas viables tengan que cesar su actividad debido a pérdidas extraordinarias no derivadas de su operativa normal.
Otra medida de gran relevancia es el régimen excepcional de endeudamiento autonómico en 2025, dirigido específicamente a la Comunitat Valenciana, que podrá formalizar nuevas operaciones de endeudamiento para afrontar los gastos extraordinarios ocasionados por la DANA.
2. Medidas de Transporte y Movilidad Sostenible
El decreto-ley incorpora modificaciones en el sistema de ayudas al transporte público, con especial énfasis en:
- Descuentos en abonos y títulos multiviaje, incluyendo la gratuidad para la población infantil y descuentos del 50% para jóvenes.
- Fomento del uso de bicicletas eléctricas, estableciendo ayudas directas para su adquisición tanto por particulares como por empresas de reparto.
- Bonificaciones específicas para los transportes en Canarias y Baleares, asegurando un acceso equitativo a la movilidad en los territorios insulares.
Además, se establece un nuevo modelo de ayudas al transporte, más orientado a la sostenibilidad y a la promoción del uso del transporte público frente al vehículo privado.
3. Seguridad Social y Protección Laboral
3.1. Revalorización de Pensiones
El decreto-ley establece una revalorización del 2,8% de las pensiones públicas para 2025, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas. Esta medida sigue el criterio fijado en reformas previas, vinculando la actualización de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC).
3.2. Ajustes en la Cotización y Protección del Empleo
Entre los cambios en materia de Seguridad Social, destacan:
- Modificaciones en la cotización de los trabajadores autónomos y del Régimen Especial del Mar, excluyendo a estos últimos de la nueva cotización de solidaridad.
- Obligación de mantenimiento del empleo en los ERTE y en el Mecanismo RED por un período de entre seis meses y dos años, dependiendo de la situación de cada empresa.
Estas medidas refuerzan la estabilidad laboral y evitan despidos masivos en sectores en crisis.
4. Medidas de Protección a Colectivos Vulnerables
El decreto-ley mantiene varias medidas de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, incluyendo:
- Suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando que las personas en situación de vulnerabilidad no sean desalojadas de sus viviendas sin una alternativa habitacional.
- Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta finales de 2025, evitando cortes de servicios esenciales.
- Extensión de las ayudas a la reconstrucción de la isla de La Palma hasta junio de 2025, manteniendo el respaldo económico a los afectados por la erupción volcánica.
5. Modificaciones Legislativas y Disposiciones Finales
El decreto-ley también introduce modificaciones en leyes previas, destacando:
- Cambios en la legislación sobre restitución de bienes incautados a partidos políticos durante la Guerra Civil, transfiriendo competencias en la materia al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
- Ampliación de las ayudas para los agricultores afectados por la DANA en la provincia de Valencia, incluyendo nuevas explotaciones que inicialmente no estaban contempladas en los planes de compensación.
- Ajustes en normativas anteriores para mejorar su aplicación y garantizar su efectividad en materia de transporte, financiación autonómica y seguridad social.
6. Constitucionalidad y Justificación del Uso del Decreto-ley
El uso del Real Decreto-ley como mecanismo legislativo está justificado en el artículo 86 de la Constitución Española, que permite su adopción en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
En este caso, el Gobierno argumenta que las medidas incluidas responden a:
- La necesidad de mantener el apoyo a colectivos vulnerables, en un contexto de crecimiento de precios y crisis económica internacional.
- La urgencia de garantizar la estabilidad del sistema de transporte y de Seguridad Social, evitando interrupciones en la financiación de servicios esenciales.
- La protección de la economía nacional frente a riesgos geopolíticos, asegurando el control sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos.
El Tribunal Constitucional ha avalado en múltiples ocasiones el uso del decreto-ley para regular este tipo de cuestiones, siempre que se respeten los límites materiales establecidos en la Constitución.
Conclusión
El Real Decreto-ley 1/2025 introduce medidas clave para la estabilidad económica y social de España, abordando cuestiones como la protección del empleo, la movilidad sostenible y el apoyo a colectivos vulnerables.
Desde una perspectiva jurídica, se trata de una norma de gran alcance, con importantes implicaciones en el ámbito de la Seguridad Social, el derecho laboral y la protección de derechos fundamentales.
Si bien el uso del decreto-ley en materias tan diversas puede generar debate, lo cierto es que las medidas adoptadas parecen responder a necesidades reales de la población, proporcionando un marco de actuación urgente y necesario en un contexto de incertidumbre global.
Será clave observar cómo se implementan estas disposiciones en la práctica y si el legislador introduce futuras modificaciones para mejorar su aplicación.
Luis Ferrer. Abogado