Análisis de responsabilidades, reclamaciones y protección de derechos ante cortes masivos de suministro eléctrico
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
El pasado 28 de abril de 2025, un apagón generalizado afectó a amplias zonas de España y de varios países europeos, provocando interrupciones en el suministro eléctrico durante varias horas. El suceso, que paralizó servicios esenciales, afectó a comercios, industrias y particulares, plantea importantes interrogantes en materia de responsabilidad civil, derechos de los consumidores, seguridad jurídica y posibles reclamaciones patrimoniales.
En este artículo analizamos las posibles consecuencias jurídico-legales derivadas del apagón y las vías de actuación para los afectados.
1️⃣ ¿Quién responde por un apagón generalizado?
La responsabilidad por cortes eléctricos depende de:
- Distribuidoras de energía: Son responsables de la entrega del suministro a los usuarios finales.
- Transportistas de energía: Empresas encargadas de la alta tensión, como Red Eléctrica Española (REE).
- Factores externos: Incidentes de fuerza mayor (fenómenos naturales, ciberataques, sabotajes) pueden eximir de responsabilidad si se acreditan debidamente.
🔎 Clave jurídica: Para que exista responsabilidad indemnizatoria, debe demostrarse culpa o negligencia de la empresa suministradora, salvo en supuestos de fuerza mayor debidamente probados.
2️⃣ Derechos de los usuarios ante interrupciones del suministro
Según la normativa vigente:
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, establece que los consumidores tienen derecho a un suministro eléctrico de calidad.
- Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios reconoce el derecho a reclamar indemnización por daños y perjuicios cuando exista incumplimiento contractual.
📌 En cortes no justificados, los consumidores pueden reclamar:
✅ Daños materiales: pérdidas de alimentos, daños en aparatos eléctricos, perjuicios económicos.
✅ Daños morales: en casos excepcionales, si se acredita una afectación significativa (por ejemplo, interrupción de tratamientos médicos domiciliarios).
✅ Indemnización automática: algunas distribuidoras aplican compensaciones automáticas en la factura eléctrica por cortes prolongados, según lo establecido en la normativa sectorial.
3️⃣ Procedimiento para reclamar daños por el apagón
Si el apagón ha causado perjuicios, los pasos a seguir son:
- Recopilación de pruebas: Fotografías, informes técnicos de aparatos dañados, facturas de compra de productos estropeados.
- Reclamación previa ante la empresa distribuidora de electricidad.
- Reclamación ante la Administración: si se atribuye el apagón a fallos de una empresa pública o concesionaria, puede iniciarse un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
- Acciones judiciales: Si no se logra un acuerdo amistoso, puede acudirse a la vía civil para reclamar indemnizaciones.
🔎 Importante: Se debe respetar el plazo de prescripción de un año para reclamar daños derivados de responsabilidad extracontractual.
4️⃣ ¿Y si el apagón es considerado fuerza mayor?
En caso de que se acredite que el apagón fue provocado por una situación de fuerza mayor (por ejemplo, un ataque masivo al sistema eléctrico o un desastre natural imprevisto), las compañías podrían eximirse de responsabilidad.
La jurisprudencia exige para considerar fuerza mayor que el hecho sea:
- Imprevisible o inevitable.
- Totalmente ajeno a la actuación del deudor (la empresa suministradora).
📌 Conclusión jurídica: No basta alegar fuerza mayor; debe probarse de forma contundente, de lo contrario, prevalece el principio de responsabilidad.
Conclusión
El apagón del 28 de abril de 2025 tendrá consecuencias jurídico-legales importantes en los próximos meses.
Los afectados deben conocer sus derechos y actuar con diligencia para reclamar los daños sufridos, mientras que las compañías deberán demostrar que actuaron correctamente o que concurrió fuerza mayor para evitar indemnizaciones masivas.
Desde Luis Ferrer Abogado, ofrecemos asesoramiento especializado en reclamaciones por cortes de suministro, responsabilidad civil y defensa de derechos de consumidores ante grandes empresas y entidades públicas.
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