Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
🔍 Introducción
La utilización de detectives privados en procedimientos de familia sigue siendo una herramienta eficaz —y legal— para acreditar situaciones que de otro modo serían difíciles de probar. Así lo ha confirmado una reciente sentencia en la que un padre logró evitar una reducción de la pensión alimenticia de su hijo al descubrir que su exmujer, que alegaba falta de ingresos, trabajaba cobrando parte de su salario en dinero no declarado.
Este caso no solo reabre el debate sobre el uso de pruebas obtenidas por detectives privados en el ámbito civil, sino que también destaca la relevancia de la buena fe y la transparencia económica en los procedimientos de modificación de medidas.
⚖️ El caso: ingresos ocultos para rebajar la pensión
La madre había solicitado una reducción de la pensión de alimentos alegando un descenso en sus ingresos y una situación económica precaria. Sin embargo, el padre, ante la sospecha de que ella seguía trabajando sin declarar parte de sus ingresos, contrató los servicios de un detective privado.
El informe del profesional confirmó que la mujer desarrollaba actividad laboral en un establecimiento —aparentemente como empleada—, sin figurar en la Seguridad Social, cobrando parte del salario «en B» para no alterar su situación fiscal ni reflejar un incremento real de ingresos.
El juez consideró que la ocultación de esta realidad económica constituía un claro fraude procesal, y rechazó de plano la solicitud de reducción de la pensión, al entender que se había intentado engañar al juzgado para obtener un beneficio indebido.
📌 Aspectos jurídicos destacados
1. Validez de la prueba obtenida por detective privado
Los tribunales vienen admitiendo de forma consolidada el uso de informes de detectives en procedimientos civiles y de familia, siempre que se respeten los derechos fundamentales, como la intimidad o la inviolabilidad del domicilio. En este caso:
- No se vulneró la intimidad de la exmujer.
- La observación se realizó en lugares públicos o abiertos al público.
- La finalidad era legítima y proporcional: demostrar la existencia de ingresos ocultos.
2. Deber de transparencia en procesos de alimentos
En un procedimiento de modificación de medidas, las partes están obligadas a aportar información veraz y completa sobre su situación económica. Simular pobreza o presentar documentación incompleta puede dar lugar a consecuencias procesales y penales.
El tribunal valoró especialmente que la madre hubiera incurrido en una actuación de mala fe procesal, al ocultar ingresos para obtener una resolución favorable.
3. Posibles consecuencias legales adicionales
Además de rechazar la rebaja de la pensión, el juez:
- Imputó las costas del procedimiento a la solicitante.
- Advirtió sobre la posibilidad de abrir diligencias por presunto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda.
👨⚖️ Conclusión
Este caso demuestra que la justicia no es ciega ante estrategias basadas en la ocultación de ingresos y el abuso del sistema. El uso responsable y legítimo de la prueba por medio de detectives puede ser decisivo en procedimientos de familia, donde la veracidad sobre las condiciones económicas de las partes es esencial para proteger el interés superior del menor.
En Luis Ferrer Abogado, trabajamos para garantizar que las medidas adoptadas en materia de pensiones, custodia o visitas se ajusten a la realidad y se basen en un principio de equidad. Si sospechas de irregularidades en un procedimiento de familia, podemos ayudarte a proteger tus derechos con las herramientas legales disponibles.
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