La presencia injustificada de personas ajenas durante la preparación de los cuerpos vulneró las obligaciones profesionales de la trabajadora y afectó a la dignidad de los fallecidos y a la intimidad y respeto debido a sus familiares
Por Luis Ferrer Abogado
Hay puestos de trabajo en los que el deber de discreción adquiere una intensidad especialmente elevada. El sector funerario es uno de ellos.
Una trabajadora de una funeraria ha sido despedida después de permitir que varios conocidos accedieran a su lugar de trabajo para enseñarles cómo realizaba el acondicionamiento de personas fallecidas.
La cuestión va mucho más allá de permitir la entrada de personas no autorizadas a unas instalaciones empresariales.
La conducta afectaba directamente a un ámbito especialmente sensible: la dignidad de las personas fallecidas y la intimidad y el respeto debido a sus familiares.
Desde la perspectiva laboral, el caso permite analizar hasta dónde llega la buena fe contractual, por qué determinados puestos exigen un nivel especialmente intenso de confidencialidad y cuándo una actuación puede ser suficientemente grave como para justificar la máxima sanción disciplinaria: el despido.
Enseñar el trabajo a unos conocidos no era una simple visita a la empresa
La primera cuestión que debe destacarse es la naturaleza del lugar al que accedieron esas personas.
No estamos ante una visita de amigos a una oficina convencional.
La trabajadora desarrollaba funciones relacionadas con el acondicionamiento de personas fallecidas y permitió que conocidos presenciaran esa actividad.
Por tanto, las personas ajenas a la empresa pudieron acceder a un ámbito profesional reservado en el que se encontraban cuerpos de personas fallecidas cuya preparación había sido confiada a la funeraria.
Esta circunstancia cambia completamente la valoración de los hechos.
La dignidad no desaparece con el fallecimiento
La actuación sobre un cadáver no puede tratarse como una actividad carente de dimensión personal.
La sociedad y el ordenamiento jurídico reconocen un especial deber de respeto hacia las personas fallecidas.
Quien trabaja en servicios funerarios desarrolla su actividad en contacto con una realidad extraordinariamente sensible.
Los familiares confían el cuerpo de una persona querida a profesionales precisamente para que sea tratado con respeto, discreción y profesionalidad.
Convertir ese proceso en algo susceptible de ser mostrado a terceros por curiosidad entra en conflicto con esa confianza.
También está en juego la intimidad de la familia
La repercusión de la conducta no termina en la persona fallecida.
Los familiares tienen un interés evidente en que el tratamiento del cuerpo se realice dentro de un entorno profesional reservado.
Resulta razonable que una familia espere que únicamente accedan al fallecido aquellas personas cuya intervención resulte necesaria para la prestación del servicio.
La posibilidad de que desconocidos puedan observar el acondicionamiento sin ninguna razón profesional afecta directamente a la esfera de respeto y privacidad que rodea al fallecimiento.
La funeraria ocupa una posición de especial confianza
Cuando una familia contrata un servicio funerario, entrega temporalmente el cuerpo del fallecido a una empresa que asume una responsabilidad extraordinariamente delicada.
La confianza es esencial.
Los familiares normalmente no están presentes durante todas las actuaciones de preparación.
Precisamente por ello deben poder confiar en que la empresa y sus trabajadores limitarán el acceso a quienes estén autorizados.
Un comportamiento que rompe esa reserva puede afectar no solo a la relación entre trabajadora y empresa, sino también a la confianza de los clientes en la propia funeraria.
La buena fe contractual no consiste únicamente en hacer correctamente las tareas técnicas
El Estatuto de los Trabajadores contempla como causa de despido disciplinario la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
La buena fe laboral implica algo más que acudir puntualmente y realizar correctamente las tareas asignadas.
Determinados puestos incorporan deberes de reserva, lealtad, confidencialidad y utilización adecuada de las instalaciones.
En una funeraria, estos deberes adquieren una relevancia especial por la naturaleza de la actividad.
Una persona puede ser técnicamente competente para preparar un cuerpo y, sin embargo, incumplir gravemente sus obligaciones si permite que terceros ajenos contemplen ese proceso sin autorización.
¿Es necesario que exista un perjuicio económico para justificar un despido?
No necesariamente.
Este tipo de asuntos demuestra que la gravedad de un incumplimiento laboral no se mide exclusivamente en euros.
La empresa no necesita necesariamente haber perdido dinero para que una conducta pueda resultar disciplinariamente grave.
Existen bienes e intereses empresariales y personales que no son puramente económicos.
La confianza de las familias, la reputación de una funeraria, la confidencialidad y el respeto a los fallecidos tienen un valor evidente.
Tampoco hace falta necesariamente que los familiares lleguen a enterarse
Otro razonamiento posible sería afirmar que, si la familia nunca supo que unos desconocidos observaron el acondicionamiento, no existió daño.
Pero esa conclusión confunde el conocimiento posterior del perjudicado con la existencia del incumplimiento.
La conducta puede ser grave por sí misma aunque los familiares no lleguen a descubrirla.
La obligación profesional consiste precisamente en impedir accesos injustificados, no únicamente en procurar que después nadie se entere.
La curiosidad de terceros no justifica su presencia
Los trabajos relacionados con tanatopraxia, tanatoestética o acondicionamiento funerario pueden despertar curiosidad.
Pero esa curiosidad no proporciona ningún derecho de acceso.
Una cosa es una actividad formativa organizada legítimamente, con las autorizaciones y garantías que correspondan.
Otra muy diferente es que un empleado decida personalmente introducir conocidos para mostrarles cómo desarrolla su trabajo.
El trabajador no puede disponer libremente de aquello a lo que tiene acceso únicamente por razón de su puesto.
Tener acceso profesional no significa poder compartirlo
Este principio aparece en muchos sectores.
Un sanitario puede acceder a determinada información clínica porque necesita conocerla para atender a un paciente, pero eso no significa que pueda enseñársela a sus amigos.
Un empleado bancario puede consultar determinada información financiera por razones profesionales, pero no puede utilizarla para satisfacer la curiosidad de terceros.
Del mismo modo, una trabajadora funeraria puede acceder a los cuerpos de los fallecidos porque es necesario para desarrollar sus funciones.
Ese acceso profesional no puede transformarse en una autorización personal para permitir la entrada de conocidos.
El deber de confidencialidad puede extenderse más allá de documentos y datos
Cuando hablamos de confidencialidad empresarial solemos pensar en archivos, contraseñas o bases de datos.
Sin embargo, la reserva profesional puede abarcar también situaciones, imágenes y circunstancias conocidas exclusivamente gracias al trabajo.
En una funeraria, la propia presencia de una determinada persona fallecida y las circunstancias relacionadas con la preparación de su cuerpo pertenecen a un ámbito especialmente delicado.
La discreción profesional no puede reducirse a la prohibición de publicar fotografías.
¿Habría sido todavía más grave hacer fotografías o vídeos?
La captación y difusión de imágenes podría introducir problemas adicionales de enorme importancia.
Pero no es necesario que existan fotografías para que la presencia injustificada de terceros resulte relevante.
El acceso visual directo ya puede afectar al deber de respeto y reserva.
Por tanto, sería incorrecto pensar que mientras nadie saque el teléfono móvil no existe problema.
La proporcionalidad sigue siendo necesaria
Incluso ante una conducta claramente irregular, el despido disciplinario debe responder a los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora empresarial.
No toda infracción laboral justifica automáticamente el despido.
Debe analizarse su gravedad y culpabilidad.
Pueden ser relevantes la naturaleza del puesto, número de ocasiones, personas introducidas, conocimiento de las normas, intencionalidad y demás circunstancias concurrentes.
En el supuesto analizado, el hecho de llevar a varios conocidos para enseñarles cómo acondicionaba a los fallecidos revela una conducta cuya valoración excede de una incidencia meramente accidental.
No es lo mismo una entrada accidental que permitir conscientemente el acceso
Esta distinción resulta importante.
Puede ocurrir que una persona acceda por error a una zona restringida.
También puede producirse una confusión puntual sobre quién está autorizado.
Esos supuestos deberán valorarse según sus propias circunstancias.
Muy diferente es que sea la propia trabajadora quien facilite deliberadamente el acceso a conocidos para mostrarles su actividad.
En este último escenario existe una decisión consciente de utilizar el puesto de trabajo para una finalidad completamente ajena al servicio funerario.
Las normas internas pueden ser muy importantes
Las empresas que desarrollan actividades sensibles deberían contar con protocolos claros sobre acceso a determinadas instalaciones.
En una funeraria resulta especialmente recomendable establecer quién puede acceder a las salas de preparación, en qué circunstancias y con qué autorizaciones.
También conviene regular:
- confidencialidad;
- uso de teléfonos móviles;
- captación de fotografías y vídeos;
- presencia de estudiantes o personal en formación;
- identificación de visitantes;
- y acceso a zonas restringidas.
Un protocolo claro protege a la empresa, a los trabajadores y, especialmente, a las familias.
¿Puede la empresa despedir aunque no exista una norma que diga literalmente “no traiga amigos”?
No toda obligación laboral necesita estar redactada con ese nivel de detalle.
Existen deberes que derivan de la propia naturaleza de la relación laboral y de las funciones desempeñadas.
Naturalmente, disponer de instrucciones claras facilita acreditar que el trabajador conocía las reglas.
Pero la ausencia de una prohibición redactada exactamente para una determinada conducta no convierte automáticamente esa conducta en admisible.
Hay comportamientos cuya incompatibilidad con la actividad profesional puede resultar evidente por su propia naturaleza.
La empresa debe probar lo ocurrido
Como en cualquier despido disciplinario impugnado, la empresa deberá poder acreditar los hechos en los que basa su decisión.
No basta con un rumor entre compañeros.
Pueden resultar relevantes testigos, registros de acceso, cámaras utilizadas legítimamente, comunicaciones o cualquier otro medio de prueba admisible.
También debe existir suficiente precisión en la comunicación del despido para que la trabajadora conozca los hechos que se le atribuyen y pueda defenderse.
El despido no debería basarse en valoraciones morales genéricas
La empresa no puede limitarse a decir que la conducta fue “inapropiada” o “irrespetuosa”.
Desde un punto de vista jurídico, debe concretar los hechos.
Quién accedió, cuándo, qué hizo la trabajadora y en qué circunstancias.
El juicio laboral no debería convertirse en una valoración abstracta sobre si una conducta resulta de mal gusto.
La cuestión es determinar si existió un incumplimiento laboral grave y culpable suficientemente acreditado.
La reputación empresarial puede verse seriamente afectada
En determinados sectores, la confianza constituye una parte esencial del servicio.
Una familia que entrega a un ser querido a una funeraria espera discreción absoluta.
Si trascendiera que trabajadores permiten entrar a amigos para contemplar la preparación de cadáveres, el perjuicio reputacional podría resultar evidente.
Por ello, la empresa tiene un interés legítimo en preservar rigurosamente los protocolos de acceso y comportamiento.
La protección debe mantenerse también en la era de las redes sociales
El riesgo actual es todavía mayor.
Una persona que accede por curiosidad puede llevar consigo un teléfono capaz de fotografiar, grabar y publicar contenido instantáneamente.
Aunque la información facilitada sobre este caso no indica que se produjera esa difusión, el riesgo demuestra por qué el control de acceso resulta especialmente importante.
Una vez que una imagen sensible circula por Internet, reparar el daño puede ser extraordinariamente difícil.
Otros sectores pueden extraer una enseñanza similar
El principio que plantea este caso no afecta exclusivamente a funerarias.
Puede trasladarse, con las correspondientes diferencias, a hospitales, residencias, despachos profesionales, centros de menores, laboratorios o cualquier actividad donde el trabajador accede a personas, información o espacios sensibles.
La regla básica es sencilla:
el acceso que proporciona un puesto de trabajo debe utilizarse para cumplir las funciones profesionales, no para satisfacer la curiosidad propia o de terceros.
Reflexión jurídica
Este caso muestra de una manera especialmente clara que no todos los incumplimientos laborales pueden medirse por el perjuicio económico que producen.
La trabajadora no necesitaba sustraer dinero ni perjudicar materialmente a la funeraria para romper gravemente la confianza depositada en ella.
Su puesto le permitía acceder a un espacio que las familias confiaban a profesionales.
Precisamente por eso existía un deber reforzado de respeto y discreción.
Permitir que conocidos accedan para observar cómo se acondiciona a personas fallecidas transforma una facultad estrictamente profesional en una experiencia privada para terceros.
Y esa utilización del puesto puede resultar incompatible con las obligaciones esenciales que exige una actividad funeraria.
Conclusión
Una empleada de una funeraria ha sido despedida después de llevar a varios conocidos a su lugar de trabajo para enseñarles cómo realizaba el acondicionamiento de personas fallecidas.
La gravedad de la conducta no reside simplemente en haber permitido la entrada de visitantes.
El elemento esencial es dónde entraron, para qué lo hicieron y qué pudieron presenciar.
El trabajo funerario exige un nivel especialmente intenso de confianza, reserva y respeto. Las familias tienen derecho a esperar que el cuerpo de su ser querido permanezca dentro de un ámbito estrictamente profesional y que no sea expuesto a personas ajenas por simple curiosidad.
La resolución deja así una enseñanza laboral de alcance general: tener acceso a algo por razón del trabajo no significa poder compartir ese acceso con terceros.
En profesiones que manejan información, situaciones o espacios especialmente sensibles, vulnerar esa frontera puede constituir una grave transgresión de la buena fe contractual y llegar a justificar el despido.
Porque en determinadas actividades la confianza no es un elemento accesorio de la relación laboral: forma parte esencial del propio trabajo.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en despidos disciplinarios, transgresión de la buena fe contractual, confidencialidad, intimidad y conflictos laborales.