El Tribunal Supremo consolida el uso de esta figura para proteger a los ciudadanos frente a actuaciones administrativas incoherentes, sorpresivas o contrarias a la confianza legítima
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
El principio de los actos propios, tradicionalmente invocado para evitar comportamientos contradictorios entre particulares, ha adquirido en los últimos años una creciente relevancia en el ámbito del Derecho Administrativo, consolidándose como un límite a la actuación discrecional y cambiante de la Administración Pública.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha reiterado que este principio no solo protege a la Administración frente a actuaciones oportunistas de los ciudadanos, sino que también ampara a estos frente a cambios sorpresivos o incoherentes por parte del ente público. En otras palabras, la Administración debe respetar sus propios actos cuando han generado una expectativa legítima en el administrado.
1️⃣ ¿Qué es el principio de actos propios?
El principio de actos propios, derivado de la doctrina de la buena fe y el abuso de derecho, impide que una parte pueda adoptar una posición jurídica contradictoria con sus actos anteriores cuando:
- Esos actos eran claros, concluyentes y válidos.
- Generaron una expectativa razonable y legítima en la otra parte.
- Un cambio de posición causa perjuicio o indefensión.
Aunque su origen es civilista, los tribunales han reconocido su plena aplicación en el campo del Derecho Público, especialmente en materia urbanística, tributaria, sancionadora o de concesiones administrativas.
2️⃣ Aplicación frente a la Administración: consolidación jurisprudencial
El Tribunal Supremo ha señalado que la Administración no puede revocar arbitrariamente sus propios actos si estos han producido efectos jurídicos en terceros, salvo que concurran causas expresamente previstas en la ley (nulidad, revisión de oficio, etc.).
Ejemplos relevantes:
- 🏗️ Urbanismo: no puede revocarse una licencia urbanística si el interesado ha comenzado la obra conforme a los términos autorizados.
- 💼 Funcionarios: no cabe modificar de forma repentina condiciones laborales o reconocimientos consolidados.
- 🧾 Tributos: no puede exigirse un criterio fiscal nuevo si previamente se aplicó otro durante años sin objeción.
📌 El Supremo ha dejado claro que los actos propios de la Administración vinculan tanto como los reglamentos, cuando generan una expectativa legítima y razonable.
3️⃣ Claves para su aplicación: requisitos doctrinales
Para que el principio de actos propios sea eficaz frente a la Administración, deben concurrir:
✅ Una conducta administrativa previa clara e inequívoca.
✅ Que el ciudadano haya confiado legítimamente en ella.
✅ Que la conducta posterior sea contraria a la anterior y perjudique al interesado.
✅ Que no exista norma que imponga el cambio o que habilite su revocación.
💡 El principio opera especialmente en escenarios de silencio administrativo, criterios sostenidos en el tiempo, autorizaciones tácitas o conductas consentidas sin reacción durante años.
4️⃣ Límites: no puede servir para consolidar ilegalidades
El principio de actos propios no ampara actuaciones contrarias a la ley. Si el acto previo era nulo de pleno derecho o se dictó prescindiendo del procedimiento legal, no puede generar derechos adquiridos ni consolidar situaciones ilícitas.
Del mismo modo, su aplicación está subordinada a que no se perjudique el interés general de forma desproporcionada, ni se cause un quebranto al orden público administrativo.
Conclusión
El principio de actos propios protege la seguridad jurídica y la confianza legítima del administrado, exigiendo coherencia y respeto a la buena fe por parte de la Administración Pública. El Tribunal Supremo ha contribuido decisivamente a su consolidación como instrumento de defensa frente a la arbitrariedad y la contradicción administrativa, equilibrando el ejercicio del poder público con los derechos de los ciudadanos.
Desde Luis Ferrer Abogado, defendemos los intereses de particulares, empresas y funcionarios frente a decisiones administrativas que vulneren este principio, promoviendo una actuación administrativa predecible, responsable y respetuosa con el derecho a la estabilidad jurídica.
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