El incumplimiento de los plazos europeos en materia de igualdad y derechos laborales acarrea responsabilidad internacional para el Estado
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia condenando a España por no haber transpuesto dentro del plazo legal la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores. Esta omisión supone una grave infracción del Derecho comunitario y evidencia la falta de diligencia del Estado español en la protección de derechos sociales clave para la igualdad de género y la corresponsabilidad familiar.
Contexto de la Directiva
La Directiva 2019/1158, adoptada el 20 de junio de 2019, establece normas mínimas para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, entre ellas:
- Derecho a permisos parentales remunerados.
- Ampliación del permiso de paternidad.
- Flexibilidad en los horarios y modalidades de trabajo para cuidadores.
- Protección frente a represalias laborales por ejercer estos derechos.
El plazo para que los Estados miembros transpongan estas medidas a sus legislaciones nacionales expiró el 2 de agosto de 2022. España, sin embargo, no adoptó las normas necesarias dentro del plazo establecido.
La Sentencia del TJUE
En su resolución, el TJUE declara que España ha incumplido sus obligaciones bajo el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), al no incorporar en su ordenamiento interno las disposiciones esenciales de la Directiva. Aunque algunas medidas ya existían parcialmente en el marco normativo español, el Tribunal considera que no fueron adaptadas ni desarrolladas conforme al texto y a los objetivos específicos del Derecho europeo.
El fallo no solo tiene un carácter declarativo, sino que puede derivar en sanciones económicas si persiste el incumplimiento. Además, refuerza el derecho de los ciudadanos a exigir la aplicación directa de aquellas disposiciones suficientemente claras y precisas contenidas en la Directiva.
Consecuencias para el Ordenamiento Jurídico Español
Esta condena obliga al Estado a actuar con urgencia y adoptar reformas legislativas que armonicen los permisos de paternidad, maternidad y cuidado con las directrices europeas. También implica:
- La necesidad de clarificar los derechos laborales de los cuidadores informales.
- Garantizar la protección efectiva contra represalias por ejercer derechos de conciliación.
- Introducir sistemas de trabajo flexible con base legal suficiente y homogénea.
Conclusión
El pronunciamiento del TJUE es un recordatorio contundente de que el compromiso con la igualdad y la conciliación no puede limitarse a declaraciones políticas: exige acciones legislativas concretas. Desde Luis Ferrer Abogado, consideramos que esta sentencia debe servir como impulso para fortalecer la legislación española en materia de corresponsabilidad, protección de la familia y derechos laborales.
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