ARTICULO OPINION
En un reciente fallo, el Tribunal Supremo ha condenado a una mujer por un delito de lesiones por imprudencia grave, derivado de un incidente en el que su perro, suelto y sin bozal, atacó a una niña en un parque infantil. Esta sentencia establece un importante precedente en la jurisprudencia española sobre la responsabilidad penal de los propietarios de animales de compañía.
Antecedentes del caso
El caso se remonta a un incidente ocurrido en un parque infantil, donde el perro de la acusada, un animal de raza potencialmente peligrosa, estaba suelto y sin bozal, incumpliendo la normativa vigente. En un momento dado, el perro atacó a una niña que se encontraba jugando en el parque, causándole graves heridas que requirieron intervención médica.
La legislación española, en particular la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, establece la obligación de los propietarios de estos animales de mantenerlos siempre controlados y con las medidas de seguridad necesarias, como el uso de bozal y correa. La falta de cumplimiento de estas obligaciones puede derivar en responsabilidad penal si se producen daños a terceros.
Desarrollo del proceso judicial
Inicialmente, el caso fue juzgado en un tribunal de primera instancia, donde la acusada fue encontrada culpable de un delito de lesiones por imprudencia leve, siendo condenada a una multa y al pago de una indemnización a la víctima. Sin embargo, la acusación, disconforme con la sentencia, recurrió al Tribunal Supremo argumentando que la conducta de la acusada constituía una imprudencia grave, dado el riesgo evidente y previsible que representaba su actuar negligente.
El Tribunal Supremo, tras evaluar las pruebas y los argumentos presentados, consideró que la conducta de la acusada efectivamente constituía una imprudencia grave. Según el alto tribunal, la acusada incumplió de manera manifiesta sus deberes de diligencia al permitir que su perro estuviera suelto y sin bozal en un lugar público frecuentado por niños, lo que aumentó significativamente el riesgo de que ocurriera un incidente como el que finalmente tuvo lugar.
Fundamentación jurídica
La condena se fundamenta en los artículos del Código Penal que regulan los delitos de lesiones y la imprudencia. En particular, el artículo 152 del Código Penal establece que se impondrán penas de prisión o multa a quienes, por imprudencia grave, causen lesiones a otra persona. En este caso, la conducta de la acusada fue calificada como imprudencia grave debido a la evidente falta de precaución y la previsibilidad del daño causado por el perro.
El Tribunal Supremo destacó la importancia de la previsibilidad del daño en la valoración de la imprudencia grave. Señaló que el propietario de un animal de raza potencialmente peligrosa debe ser consciente del riesgo inherente que conlleva la tenencia de este tipo de animales y, por lo tanto, debe extremar las medidas de seguridad para evitar cualquier posible daño a terceros.
Consecuencias de la sentencia
La sentencia del Tribunal Supremo no solo implica una condena penal para la acusada, sino que también establece un importante precedente sobre la responsabilidad penal de los propietarios de animales de compañía. Este fallo refuerza la necesidad de que los propietarios de animales potencialmente peligrosos cumplan estrictamente con la normativa de seguridad y control, y subraya las graves consecuencias legales que pueden derivarse del incumplimiento de estas obligaciones.
Además, esta sentencia envía un mensaje claro sobre la importancia de la diligencia y responsabilidad en la tenencia de animales de compañía, especialmente aquellos que representan un mayor riesgo para la seguridad pública. La jurisprudencia resultante de este caso servirá como referencia para futuros casos similares y contribuirá a una mayor concienciación y cumplimiento de las normativas de seguridad relacionadas con la tenencia de animales.
En conclusión, la sentencia del Tribunal Supremo en este caso refuerza la importancia de la responsabilidad y diligencia en la tenencia de animales de compañía, y establece un claro precedente sobre las consecuencias penales del incumplimiento de estas obligaciones. Los propietarios de animales, especialmente los de razas potencialmente peligrosas, deben ser conscientes de los riesgos y responsabilidades que conlleva su tenencia, y actuar en consecuencia para evitar cualquier daño a terceros.
Luis Ferrer. Abogado