La Audiencia Provincial de A Coruña impone una pena ejemplar por apropiarse de fondos públicos destinados a personas vulnerables
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
La Justicia ha dictado una sentencia firme contra la antigua coordinadora del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) del Concello de Boiro. La Audiencia de A Coruña la ha condenado a 18 meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, junto con una obligación indemnizatoria: deberá devolver 13.669,68 € al Ayuntamiento y 7.327,86 € a las personas afectadas o a sus herederos.
Hechos probados por el tribunal
- La condenada aprovechó su posición para recibir pagos en efectivo por parte de los usuarios del servicio, los cuales nunca se ingresaron en la Tesorería municipal.
- Emitía recibos con sello del Concello, sin autorización, simulando una gestión legal y transparente del servicio.
- Varias testimonios confirmaron que los usuarios efectuaban los pagos directamente a ella, e incluso algunos pesronas le dejaban «propina», lo que facilitó el encubrimiento durante años.
Repercusiones penales y civiles
- Pena de prisión: 18 meses como autora de delito continuado de malversación de fondos públicos.
- Responsabilidad civil:
- 13.669,68 € al Ayuntamiento de Boiro.
- 7.327,86 € a favor de las personas afectadas o a sus sucesores.
Claves legales y jurídicas
- Abuso de posición pública y vulnerabilidad: la ex‑coordinadora utilizó su cargo para lucrarse a costa de los más necesitados, atentando contra la confianza pública.
- Importancia de la rendición de cuentas administrativa: este caso subraya la necesidad de controles rigurosos en servicios públicos, especialmente en aquellos que implican pagos por parte de usuarios.
- Justicia aplicada: en ningún caso se tolera que la precariedad o dependencia de terceros se convierta en oportunidad para acciones delictivas.
Conclusión
La condena refuerza la protección de fondos públicos y la responsabilidad penal en casos de abuso de autoridad, y sirve de advertencia para quienes, por omisión o corrupción, pretendan lucrarse mediante servicios sociales. La justicia mantiene una protección firme hacia los más vulnerables.
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