ARTICULO DE OPINION
Introducción
El debate sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular en España plantea cuestiones fundamentales de derechos humanos y principios jurídicos. Cuando un inmigrante sin antecedentes penales se enfrenta a un procedimiento penal, aplicar automáticamente una medida de expulsión sin ponderar las circunstancias del caso puede vulnerar el principio de proporcionalidad, un pilar del Estado de derecho. Este artículo explora cómo las decisiones sobre la expulsión deben equilibrar la seguridad pública con los derechos fundamentales del individuo.
El principio de proporcionalidad en el derecho español
El principio de proporcionalidad actúa como límite frente al ejercicio arbitrario del poder. En el ámbito del derecho administrativo sancionador, este principio exige que cualquier medida restrictiva de derechos esté justificada, sea adecuada para alcanzar su objetivo, necesaria y proporcional en sentido estricto, es decir, que el perjuicio causado no supere los beneficios obtenidos.
En el caso de la Ley de Extranjería, el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 contempla la expulsión como una sanción por estancia irregular. Sin embargo, esta medida no debe imponerse de manera mecánica, especialmente cuando existen circunstancias particulares como la ausencia de antecedentes penales o vínculos familiares y sociales sólidos en España.
La situación de los inmigrantes en procedimientos penales
La simple existencia de un procedimiento penal no implica una condena ni demuestra culpabilidad. En estos casos, aplicar una expulsión podría anticipar una sanción mayor a la que correspondería según el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Además, la medida no debe convertirse en una vía rápida para sortear garantías procesales propias del derecho penal.
Impacto en los derechos fundamentales
Una expulsión en estas circunstancias afecta derechos fundamentales como:
- El derecho a la vida familiar: Especialmente si el inmigrante tiene familiares a su cargo en España.
- El derecho a un juicio justo: La expulsión podría impedirle defenderse adecuadamente en el procedimiento penal.
- El principio de igualdad y no discriminación: Tratamientos desiguales basados únicamente en la condición migratoria atentan contra este principio.
Criterios jurisprudenciales relevantes
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado en casos como Boultif vs. Suiza que las expulsiones deben evaluar factores como la gravedad del delito, el tiempo de residencia en el país y los vínculos familiares. En España, el Tribunal Supremo también ha subrayado que la proporcionalidad debe guiar las decisiones administrativas, ponderando los derechos del inmigrante y los intereses del Estado.
Conclusión
Expulsar a un inmigrante sin antecedentes penales, aunque esté involucrado en un procedimiento penal, sin un análisis pormenorizado de las circunstancias individuales, contraviene el principio de proporcionalidad y pone en riesgo derechos fundamentales. Es imprescindible que las autoridades ponderen los aspectos personales, familiares y sociales antes de tomar decisiones que afecten tan profundamente a la vida de las personas.
La solución pasa por garantizar un equilibrio justo entre la protección de los intereses estatales y el respeto a la dignidad y derechos de cada individuo, fortaleciendo la confianza en el sistema jurídico y en los valores democráticos.
Luis Ferrer. Abogado