ARTICULO DE OPINION
En España, el reconocimiento de una situación de gran invalidez por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suele ser un proceso complejo y largo, especialmente para colectivos como los funcionarios de prisiones, que desempeñan una labor exigente y, en muchos casos, peligrosa. Este artículo aborda un reciente caso en el que un funcionario de prisiones consiguió, tras años de lucha, que el INSS reconociera su estado de gran invalidez.
La Gran Invalidez en el Sistema de Seguridad Social Español
La gran invalidez es una situación reconocida en la normativa española (artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social), que se concede a aquellas personas que, como consecuencia de una enfermedad o accidente, han quedado incapacitados de forma permanente para el ejercicio de su profesión, y además, requieren la asistencia de una tercera persona para llevar a cabo las actividades más esenciales de la vida diaria, como vestirse, comer o desplazarse.
El reconocimiento de esta condición permite acceder a una pensión aumentada en un 50% respecto a la pensión de incapacidad permanente absoluta. Este incremento tiene la finalidad de cubrir los gastos que genera la necesidad de asistencia de un cuidador.
Contexto: Las Condiciones Laborales de los Funcionarios de Prisiones
Los funcionarios de prisiones desempeñan su trabajo en un entorno que puede suponer riesgos tanto físicos como psicológicos. Las situaciones de estrés continuado, junto con la exposición a agresiones y a otros tipos de incidentes dentro de los centros penitenciarios, incrementan las probabilidades de sufrir lesiones que afecten gravemente su salud. En este contexto, no es infrecuente que funcionarios de prisiones busquen el reconocimiento de una incapacidad cuando su salud queda irremediablemente deteriorada debido a su trabajo.
El Caso: Un Proceso Largo y Complicado
El funcionario en cuestión comenzó a sufrir problemas de salud graves a raíz de varias agresiones que tuvo que afrontar en su lugar de trabajo. Estos incidentes le dejaron secuelas físicas y psicológicas que, con el tiempo, se tradujeron en una incapacidad absoluta para continuar desempeñando sus funciones.
Inicialmente, el INSS le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión, pero no admitió la necesidad de asistencia de tercera persona, lo que implicaba que no se le reconocía la gran invalidez. Esta decisión fue recurrida judicialmente, alegando que las secuelas le impedían valerse por sí mismo para realizar tareas básicas como asearse o desplazarse.
El Papel del Tribunal Superior de Justicia
Tras años de recursos administrativos y judiciales, el caso llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que, basándose en informes médicos que acreditaban la gravedad de la situación, finalmente dictaminó que el funcionario reunía los requisitos para el reconocimiento de la gran invalidez. El tribunal estableció que las patologías que padecía, tanto físicas como psíquicas, le impedían llevar una vida autónoma, necesitando de asistencia constante.
Este fallo obligó al INSS a modificar su resolución inicial y conceder la pensión correspondiente a la gran invalidez, con el incremento del 50% que supone.
Conclusión
Este caso pone de relieve las dificultades a las que muchos trabajadores, especialmente aquellos con empleos de alto riesgo, como los funcionarios de prisiones, se enfrentan para conseguir el reconocimiento de sus derechos ante la Seguridad Social. Aunque la gran invalidez es un derecho protegido por la ley, el proceso para su obtención suele ser arduo, requiriendo en muchos casos de una batalla judicial prolongada. En este contexto, el papel de los abogados especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social es crucial para garantizar la correcta defensa de los afectados.
Este caso, aunque victorioso, resalta la importancia de una mayor atención por parte de las administraciones públicas hacia los colectivos más expuestos a situaciones que afectan gravemente su salud. Además, subraya la necesidad de reformar los procedimientos para hacer más accesible y menos dilatado el reconocimiento de incapacidades.
Luis Ferrer. Abogado