ARTICULO DE OPINION
En el ámbito del Derecho Laboral y de la Seguridad Social, los casos de incapacidad permanente representan un reto tanto para los afectados como para el sistema judicial. Un ejemplo reciente ilustra el caso de una ganadera cuya patología y medicación resultan incompatibles con las exigencias de su actividad profesional, lo que la ha llevado a un periplo judicial de más de tres años en busca de justicia.
La naturaleza del caso
La demandante, una trabajadora autónoma en el sector ganadero, padece una enfermedad crónica agravada por las condiciones de su trabajo. Además, el tratamiento farmacológico prescrito tiene efectos secundarios que limitan significativamente sus capacidades físicas y mentales. Esta situación plantea una cuestión central: ¿es posible continuar desempeñando una actividad laboral cuando el estado de salud lo imposibilita de manera manifiesta?
Marco jurídico: la incapacidad permanente
En España, la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) regula el acceso a la incapacidad permanente. Según su artículo 193, se concede cuando las lesiones o enfermedades del trabajador reducen o anulan su capacidad para trabajar, ya sea de manera total, absoluta o gran invalidez. En este caso, la demandante solicita la incapacidad permanente absoluta, que se concede cuando el trabajador no puede desempeñar ningún tipo de actividad laboral.
Además, el principio de no discriminación exige que el sistema valore cómo las patologías afectan el trabajo específico del individuo, considerando las circunstancias particulares, como la intensidad del esfuerzo físico o la exposición a factores ambientales adversos.
Un largo recorrido judicial
La ganadera inició su solicitud de incapacidad hace más de tres años. Durante este tiempo, ha tenido que afrontar:
- Evaluaciones médicas contradictorias: Mientras los médicos especialistas certificaban la gravedad de su condición, los informes de los servicios médicos oficiales argumentaban que podía desempeñar trabajos «menos exigentes».
- Resoluciones administrativas denegatorias: La Seguridad Social rechazó inicialmente su solicitud, alegando que la patología no era incapacitante de forma absoluta.
- Procedimientos judiciales: Tras agotar la vía administrativa, la trabajadora llevó su caso a los tribunales, donde peritos médicos independientes confirmaron la incompatibilidad de su estado con cualquier actividad laboral regular.
El peso de las pruebas médicas y laborales
Para obtener el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta, es fundamental aportar pruebas médicas concluyentes y evidencias de las exigencias laborales:
- Informes médicos: En este caso, los efectos secundarios de la medicación (mareos, somnolencia y falta de concentración) y las limitaciones físicas derivadas de la enfermedad constituyen una barrera insalvable para trabajar.
- Pruebas laborales: Las actividades del sector ganadero requieren un esfuerzo físico constante, exposición a condiciones climáticas extremas y la manipulación de maquinaria pesada.
Impacto del caso y conclusiones
Este caso ilustra la importancia de considerar cada circunstancia individual en los procedimientos de incapacidad permanente. La judicialización prolongada afecta gravemente la estabilidad económica y emocional de los trabajadores, especialmente en sectores tan exigentes como la ganadería.
Finalmente, se resalta que la concesión de la incapacidad no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que también permite un acceso digno a prestaciones que garantizan su bienestar. La resolución de este caso, aún pendiente, marcará un precedente relevante para quienes enfrentan barreras similares en su lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Luis Ferrer. Abogado