ARTICULO DE OPINION
El Juzgado de Instrucción de Cambados ha dado un paso significativo al formar un equipo conjunto con autoridades portuguesas para investigar una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Esta colaboración internacional entre ambos países ibéricos tiene como objetivo desarticular una red que opera a gran escala en la región, gestionando tanto la distribución como el transporte de estupefacientes a través de sus fronteras.
En el marco de la cooperación judicial internacional, España y Portugal cuentan con mecanismos ágiles para la coordinación de investigaciones criminales transnacionales. En este caso, se han activado instrumentos como el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa y el Reglamento Europeo de Investigación (REI), que permite a los Estados miembros de la Unión Europea compartir pruebas y coordinar actuaciones judiciales.
Esta colaboración internacional es clave en delitos de esta naturaleza, donde las estructuras delictivas superan las fronteras nacionales. El tráfico de drogas en la Península Ibérica no es un fenómeno nuevo, y tanto España como Portugal se han consolidado en años recientes como puntos de entrada de sustancias estupefacientes provenientes de América Latina y África Occidental.
El Juzgado de Cambados, que ha mostrado ser particularmente eficaz en investigaciones contra el narcotráfico debido a su ubicación en Galicia —una región que ha sido históricamente un epicentro de este tipo de actividades— lidera la investigación. El rol de la judicatura española en este tipo de operaciones se centra en autorizar interceptaciones telefónicas, registros, detenciones, y en asegurar el cumplimiento del debido proceso en la obtención de pruebas.
Es fundamental que estas actuaciones se realicen bajo un estricto cumplimiento del Código Penal español, que en su artículo 368 tipifica el tráfico de drogas y establece penas que pueden oscilar entre los tres y los nueve años de prisión, con agravantes en caso de ser parte de una organización criminal. Además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) regula las actuaciones procesales que deben seguirse en la instrucción de este tipo de delitos.
En conclusión, la colaboración entre el Juzgado de Cambados y las autoridades portuguesas es un ejemplo de la creciente importancia de las investigaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Esta alianza no solo fortalece la capacidad de ambos países para enfrentarse a delitos complejos, sino que también asegura una mayor eficacia en la ejecución de la justicia transfronteriza.
Luis Ferrer. Abogado