ARTICULO DE OPINION
Un engaño con falsas promesas
La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a una mujer que, haciéndose pasar por agente de la Policía Judicial, logró estafar a 17 personas, apropiándose de un total de 90.000 euros en dinero y joyas. A través de un elaborado engaño, la acusada convenció a sus víctimas de que su intervención les proporcionaría beneficios legales o les evitaría problemas judiciales.
El tribunal ha impuesto una pena que suma dos años de prisión por los delitos continuados de estafa agravada y hurto, además de obligarla a indemnizar a los perjudicados.
El modus operandi de la estafadora
Según los hechos probados en la sentencia, la condenada se presentaba ante sus víctimas como agente de la Policía Judicial, logrando así ganarse su confianza. Afirmaba tener influencias en procesos judiciales o administrativos y, mediante engaños, les pedía dinero o joyas con la promesa de solucionar sus problemas legales.
Su estrategia se basaba en aprovechar la vulnerabilidad de sus víctimas, quienes, confiando en su supuesta autoridad y contactos, accedían a entregarle diversas cantidades de dinero y objetos de valor. Con el tiempo, los afectados se percataron de que sus problemas legales no se resolvían y que la supuesta agente policial había desaparecido sin cumplir ninguna de sus promesas.
Los delitos: estafa agravada y hurto continuado
El tribunal ha considerado los hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa agravada y un delito continuado de hurto, imponiendo una pena total de dos años de prisión.
- Estafa agravada: El Código Penal establece penas más severas para los casos en los que el engaño haya sido particularmente sofisticado o haya afectado a un número significativo de personas. En este caso, la agravante se justifica por el abuso de confianza derivado de la usurpación de funciones públicas, lo que facilitó la captación de víctimas.
- Hurto continuado: El tribunal también ha tenido en cuenta que la acusada, en múltiples ocasiones, se apropió directamente de dinero y bienes de sus víctimas sin emplear violencia, pero de manera sistemática y reiterada.
Obligación de indemnización a las víctimas
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia establece que la condenada deberá indemnizar a los 17 afectados con un total de 90.000 euros, el monto que consiguió mediante sus engaños. Esta indemnización busca reparar, en la medida de lo posible, el daño económico sufrido por los perjudicados.
Conclusión: una sentencia que refuerza la lucha contra las estafas
Este caso pone de manifiesto la importancia de la prevención y la denuncia ante este tipo de delitos. Fingir ser una autoridad pública para aprovecharse de la buena fe de las personas es una conducta que la justicia persigue con firmeza. La sentencia de la Audiencia de Murcia es un claro ejemplo de cómo el sistema judicial protege a las víctimas de estos fraudes, castigando con severidad a quienes utilizan el engaño para enriquecerse ilícitamente.
Luis Ferrer. Abogado