La sentencia marca un hito en la cooperación judicial con la Unión Europea en la lucha contra el fraude al presupuesto comunitario
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
La Audiencia Nacional ha dictado la primera sentencia condenatoria en España en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), resolviendo una trama de fraude millonario en el uso de fondos europeos. El fallo condena a los responsables de una red empresarial que defraudó 3,8 millones de euros mediante la obtención ilícita de subvenciones del presupuesto de la Unión Europea, marcando un hito en la aplicación de la Regulación (UE) 2017/1939, por la que se creó este órgano fiscal.
Este precedente refuerza el papel de la Fiscalía Europea como pieza clave en la protección de los intereses financieros de la UE, y evidencia la operatividad de su marco jurídico en la jurisdicción penal española.
Los hechos
La investigación, dirigida por la EPPO en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, sacó a la luz una trama de empresas pantalla que simulaban proyectos de innovación tecnológica con el fin de acceder a subvenciones comunitarias del programa FEDER y otros instrumentos de financiación europeos.
Los acusados presentaron documentación falsa, facturas ficticias y contratos simulados para justificar gastos inexistentes, desviando así millones de euros de fondos europeos que debían destinarse al desarrollo económico regional.
Tras una instrucción compleja, que incluyó cooperación judicial internacional, registros en varias comunidades autónomas y análisis contable forense, el caso fue elevado a la Audiencia Nacional, que condenó a varios de los implicados a penas de prisión y multa, además de ordenar la devolución del dinero defraudado.
El papel de la Fiscalía Europea (EPPO)
La Fiscalía Europea comenzó a operar en junio de 2021 como un organismo independiente de la UE con competencia penal para investigar y perseguir delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios, como fraude, corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos europeos.
En este caso, la EPPO ejerció la dirección efectiva de la investigación en territorio español, mediante sus fiscales delegados, y coordinó la actuación de las autoridades nacionales, demostrando su capacidad operativa transnacional.
La sentencia confirma que las actuaciones dirigidas por la EPPO tienen plena validez y eficacia procesal en el sistema judicial español, conforme al principio de integración europea y al artículo 86 TFUE.
Fundamento jurídico de la condena
La Audiencia Nacional ha condenado a los acusados por los delitos de:
- Fraude a la Hacienda Pública en perjuicio del presupuesto de la Unión Europea (art. 305 CP, en relación con el art. 306).
- Falsedad documental.
- Pertinencia a grupo criminal, al haberse acreditado la existencia de una organización estructurada y con reparto de funciones.
La sentencia también enfatiza la especial gravedad del delito por su afectación directa al patrimonio público comunitario, lo que justifica la imposición de penas significativas, la responsabilidad civil solidaria y la inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con la Administración.
Conclusión
Este fallo de la Audiencia Nacional inaugura un nuevo capítulo en la lucha contra el fraude europeo desde la jurisdicción penal española, validando el trabajo de la Fiscalía Europea y estableciendo una jurisprudencia de referencia en la materia.
Desde Luis Ferrer Abogado, destacamos la importancia de que empresas y entidades beneficiarias de fondos europeos cumplan estrictamente con los requisitos legales y de transparencia, pues el control de la UE sobre el uso de su presupuesto es hoy más riguroso que nunca.
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