ARTICULO DE OPINION
El consentimiento informado es un derecho fundamental en cualquier ámbito de la medicina, incluido el veterinario, ya que protege la autonomía de los propietarios de animales para tomar decisiones informadas sobre los tratamientos que se les van a aplicar a sus mascotas. Este principio, ampliamente recogido en la legislación sanitaria y médica, también es aplicable a la práctica veterinaria. La falta de un consentimiento informado adecuado por parte del veterinario puede constituir una mala praxis formal, afectando tanto a los derechos del propietario como a la salud del animal. Además, genera un perjuicio que, conforme a la normativa y la jurisprudencia, es susceptible de indemnización.
La obligación del veterinario de obtener el consentimiento informado
El veterinario, como cualquier otro profesional de la salud, tiene la obligación de informar al propietario del animal sobre las características, riesgos y alternativas de cualquier tratamiento o procedimiento médico que se vaya a realizar. Este deber no se limita a un mero trámite administrativo, sino que implica una comunicación clara, precisa y comprensible, adaptada a las circunstancias del caso y al conocimiento del propietario.
El artículo 10 de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece que los profesionales sanitarios deben obtener el consentimiento informado de sus pacientes o, en su caso, de los representantes legales. Aunque esta ley está dirigida específicamente a los profesionales médicos que tratan a personas, se entiende que el mismo principio es extensible a la práctica veterinaria, ya que los dueños de los animales tienen el derecho a ser informados antes de autorizar un tratamiento.
La omisión de este paso constituye un incumplimiento grave del deber profesional del veterinario y puede ser considerado mala praxis formal. Esto se debe a que la ausencia de consentimiento informado vulnera el derecho del propietario a decidir sobre el bienestar de su mascota, y puede dar lugar a consecuencias legales.
Elementos esenciales del consentimiento informado
Para que el consentimiento informado sea válido, es necesario que el veterinario informe al propietario sobre los siguientes aspectos:
- Descripción del procedimiento: Detallar qué intervención o tratamiento se va a realizar sobre el animal.
- Riesgos asociados: Informar de los riesgos potenciales, tanto comunes como poco frecuentes, pero posibles.
- Alternativas disponibles: Ofrecer diferentes opciones terapéuticas, incluidas las menos invasivas.
- Consecuencias de no seguir el tratamiento: Explicar los riesgos de no realizar el procedimiento propuesto.
- Coste aproximado: Incluir un presupuesto que permita al propietario evaluar si está en condiciones de asumir el tratamiento.
Si cualquiera de estos puntos no se cumple, el consentimiento informado se considera insuficiente, lo que deja al veterinario expuesto a responsabilidades civiles por negligencia.
Perjuicio al propietario: base para una indemnización
Cuando se produce un tratamiento o intervención veterinaria sin el debido consentimiento informado, el propietario del animal puede haber sufrido daños que van más allá de lo puramente económico. El perjuicio más evidente puede ser la pérdida o deterioro de la salud de su mascota. Sin embargo, también puede incluir daños morales, como el sufrimiento emocional por no haber tenido la oportunidad de decidir adecuadamente sobre el bienestar de su animal.
La jurisprudencia española reconoce la posibilidad de indemnización en estos casos. Si el veterinario no informó correctamente al propietario sobre los riesgos de un tratamiento que resultó perjudicial, este puede reclamar una compensación. La indemnización puede cubrir tanto los gastos derivados de tratamientos adicionales para mitigar el daño, como el valor emocional del animal, especialmente si se ha producido su muerte o una merma significativa en su calidad de vida.
Casos relevantes en la jurisprudencia
Los tribunales han abordado en diversas ocasiones casos de deficiencia en el consentimiento informado en el ámbito médico, y aunque los casos específicos de veterinarios son menos frecuentes, la misma lógica legal es aplicable. En la medicina humana, se ha establecido que la falta de consentimiento informado puede dar lugar a la responsabilidad del profesional por negligencia, aun cuando el procedimiento haya sido realizado correctamente desde el punto de vista técnico. Este razonamiento se puede extrapolar a los veterinarios.
Un ejemplo podría ser la realización de una intervención quirúrgica en un animal sin haber explicado al propietario los riesgos específicos de la anestesia. Si el animal sufre complicaciones o fallece a causa de la anestesia y no se ha proporcionado la información adecuada, el propietario podría demandar al veterinario por los daños causados.
Conclusión
La deficiencia de consentimiento informado en la práctica veterinaria constituye una mala praxis formal que no solo vulnera los derechos del propietario del animal, sino que también genera un perjuicio que debe ser indemnizado. Para evitar este tipo de situaciones, es fundamental que los veterinarios cumplan con su obligación de informar de manera exhaustiva y comprensible, asegurándose de que el propietario comprende los riesgos y alternativas de cada procedimiento. De lo contrario, se exponen a responsabilidades legales que pueden incluir la compensación por los daños materiales y morales ocasionados.
Luis Ferrer. Abogado