ARTICULO DE OPINION
En los últimos años, se ha registrado un incremento en la visibilidad de los delitos de agresión sexual, así como en las denuncias que se presentan por estos hechos. Sin embargo, en algunos casos, las denuncias resultan ser falsas, lo que ha generado debates sobre la repercusión de estas en los derechos de los acusados. Uno de los aspectos fundamentales a recordar es que el Derecho Penal español establece consecuencias claras para las denuncias falsas, incluidas las relacionadas con delitos sexuales.
El delito de denuncia falsa en el Código Penal
El artículo 456 del Código Penal español tipifica como delito la denuncia falsa. En su redacción se establece que comete este delito quien, con conocimiento de su falsedad, presenta una denuncia o querella ante una autoridad judicial o administrativa por hechos inexistentes que, de haber sido ciertos, habrían constituido una infracción penal. Las penas previstas para este delito incluyen la imposición de multas, la cual varía en función de la gravedad del delito que se hubiera imputado falsamente.
En el caso particular que abordamos, dos mujeres han sido condenadas a pagar una indemnización de 3.000 euros por haber interpuesto una denuncia falsa de agresión sexual. Este tipo de actos no solo comprometen la integridad del acusado, quien enfrenta serias consecuencias tanto legales como personales, sino que también suponen una desnaturalización de la justicia, afectando la credibilidad de verdaderas víctimas.
Consecuencias legales y morales de la denuncia falsa
Es importante señalar que, además de las sanciones penales que pueda imponer el tribunal, las denuncias falsas generan serios perjuicios a las personas denunciadas injustamente. Un falso acusado de agresión sexual se enfrenta a un proceso judicial que, en la mayoría de los casos, afecta su reputación, relaciones personales y laborales. Incluso en los casos donde el acusado es absuelto, el daño a su imagen pública puede ser irreparable.
En el caso que nos ocupa, tras demostrarse que las acusaciones eran infundadas, las denunciantes han sido condenadas no solo a pagar una multa económica, sino que, previsiblemente, quedarán marcadas por el descrédito que supone haber utilizado maliciosamente el sistema judicial. Este tipo de comportamientos perjudica a las auténticas víctimas de agresión sexual, ya que debilita la confianza en el sistema de denuncias y en las herramientas que el Estado proporciona para su protección.
Reflexión final
El sistema judicial está diseñado para proteger a todas las personas, tanto a las víctimas como a los acusados, y cuando alguien abusa de este sistema interponiendo denuncias falsas, no solo está cometiendo un delito, sino que está socavando la credibilidad de futuras víctimas de crímenes reales. La condena de estas dos mujeres refleja el compromiso de la justicia con la verdad y deja claro que las denuncias falsas no quedarán impunes.
La indemnización de 3.000 euros impuesta en este caso, aunque pueda parecer simbólica, es un recordatorio de las consecuencias legales que se derivan de la tergiversación de la verdad en un ámbito tan sensible como lo es el de las agresiones sexuales.
Luis Ferrer. Abogado