Una mujer, condenada a dos años de prisión y multa por un delito de obstrucción a la Justicia al intimidar a un abogado en ejercicio de defensa
Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
El Juzgado de lo Penal nº 5 de Córdoba ha dictado una sentencia ejemplar que manda un mensaje inequívoco a quienes pretenden coartar la libertad del abogado en el desempeño de su labor. El tribunal condenó a una mujer a dos años de prisión y doce meses de multa por un delito de obstrucción a la Justicia, tras constatar que realizó amenazas graves y expresiones intimidatorias con la intención de condicionar el trabajo del abogado, quien defendía a la acusación particular.
Fundamento jurídico: obstrucción activa a la Administración de Justicia
El comportamiento encuadra perfectamente en el artículo 464.1 del Código Penal, que castiga el acto de intimidar o influir mediante violencia o amenazas a quienes participan en un procedimiento (abogados, peritos, testigos…) para alterar su actuación procesal.
Se trata de un delito de actividad, es decir, se consuma con el simple hecho de dirigir amenazas, sin necesidad de que estas surtan efecto.
Claves del fallo del Juzgado de Córdoba
- Contexto probado: el 1 de febrero de 2023, la acusada irrumpió en el despacho del abogado mientras atendía a otro cliente y emitió amenazas de muerte hacia él y sus hijos, con el claro propósito de influir en su labor profesional.
- Delito de obstrucción a la Justicia: el tribunal destacó que esta conducta no solo comprende amenazas sino también la intención de alterar el curso del proceso judicial, “absorbiendo” así el delito de amenazas dentro del tipo penal más grave de obstrucción, como exige la ley.
- Reacción institucional: el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba subrayó que “la abogacía no puede desarrollar su función en un ambiente de intimidación” y afirmó que los colegios profesionales están para defender a sus colegiados en estos casos.
Importancia jurídica y social del fallo
- Defensa de la independencia profesional: El fallo protege el ejercicio libre y digno del derecho de defensa frente a cualquier tipo de coacción externa.
- Prevención institucional: Este tipo de respuesta judicial refuerza la confianza en que la labor jurídica no puede ser socavada por presiones ilegítimas.
- Mensaje disuasorio: Con penas claras y firmes, el sistema legal envía un aviso a ciudadanos o terceros de que influir o intimidar a operadores judiciales será penalmente perseguido con rigor.
Conclusión
Esta sentencia no solo reafirma un principio clave del Derecho: la tutela de la función judicial y de los profesionales que la ejercen, sino también nuestra responsabilidad colectiva de proteger la administración de Justicia del miedo y la coacción.
En Luis Ferrer Abogado, formamos parte activa de esa defensa, ofreciendo respaldo a abogados, ciudadanos y víctimas ante cualquier vulneración del derecho a la justicia.
¿Conoces a un profesional legal que haya sido presionado o intimidado? ¿O necesitas asesoramiento tras amenazas similares?
Estamos aquí para ayudarte: www.luisferrer.abogado