Por Luis Ferrer Abogado – www.luisferrer.abogado
Introducción
Por primera vez en Lugo, un juzgado ha propuesto llevar a juicio a los responsables de un supuesto despacho de abogados ‘low cost’ por un presunto delito de intrusismo profesional. La jueza Sandra Piñeiro, titular del Juzgado de Instrucción número 2, ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado contra tres personas que presuntamente ofrecían servicios jurídicos sin ser abogados titulados.
El procedimiento se basa en el artículo 403.1 del Código Penal, que penaliza a quien ejerce actos propios de una profesión sin reunir los requisitos legales exigidos para ello, en especial cuando se trata de profesiones reguladas y de interés público, como la abogacía.
Los Hechos
Según consta en el auto judicial, los investigados ofrecían servicios jurídicos a través de un despacho que operaba con precios bajos y una imagen de supuesta asesoría legal accesible. Sin embargo, ninguno de los tres encausados estaba titulado en Derecho ni colegiado como abogado, y aun así ofrecían la redacción de demandas, asesoramiento legal y asistencia en procedimientos judiciales.
El caso ha sido calificado como grave por la Judicatura, por tratarse de una práctica que pone en riesgo el derecho de defensa de los ciudadanos y degrada la confianza en los operadores jurídicos legítimos.
Fundamento Jurídico del Delito de Intrusismo
El artículo 403.1 del Código Penal establece que comete intrusismo quien ejerce una profesión sin poseer el título correspondiente, y en caso de que lo haga con ánimo de lucro o de forma reiterada, las penas pueden incluir prisión de seis meses a dos años, además de multas y responsabilidad civil.
En el ámbito de la abogacía, el ejercicio sin colegiación constituye no solo una infracción administrativa, sino una conducta penalmente perseguible, debido a la especial protección del derecho a una defensa adecuada.
Importancia del Caso y Consecuencias
Este caso es pionero en Lugo y podría abrir la puerta a mayor control sobre los servicios jurídicos no autorizados, especialmente aquellos que se presentan como alternativas económicas a los despachos profesionales. De ser condenados, los acusados enfrentarán penas privativas de libertad, sanciones económicas y medidas accesorias como el cese de actividad y la clausura de sus canales de captación de clientes.
El caso también alerta sobre la creciente oferta de asesoramiento legal sin garantía profesional, que afecta tanto a consumidores como a la imagen del sector jurídico.
Conclusión
La acción judicial en Lugo contra un supuesto despacho ‘low cost’ que operaba sin abogados titulados evidencia la firmeza con la que debe responderse al intrusismo profesional. Desde Luis Ferrer Abogado, recordamos que confiar en profesionales habilitados, colegiados y con experiencia es fundamental para proteger nuestros derechos. La abogacía no puede convertirse en un servicio sin control ni garantías.
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