Introducción
El Juzgado de Menores ha impuesto una medida socioeducativa de 20 horas de trabajos en beneficio de la comunidad a tres menores de edad que fueron declarados responsables de un delito continuado de daños. Los hechos ocurrieron en La Manga del Mar Menor durante la madrugada, cuando los adolescentes golpearon cuatro vehículos estacionados, causando desperfectos materiales.
La resolución se enmarca en el modelo de justicia juvenil previsto por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que prioriza la función educativa y reparadora frente al castigo punitivo.
Hechos probados
Los tres menores, que residen en Murcia, Cartagena y La Unión, respectivamente, reconocieron voluntariamente su participación en los hechos ante el Juzgado. Según la investigación, durante la madrugada accedieron a una zona de estacionamiento y, sin motivo aparente, propinaron patadas, puñetazos y empujones a varios vehículos, ocasionando daños en puertas, retrovisores y lunas.
Los desperfectos no fueron de gran entidad individualmente, pero la reiteración de la conducta y el daño acumulado motivaron la calificación penal como delito continuado de daños.
Fundamentos jurídicos de la medida impuesta
1. Aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor
El Juzgado ha aplicado el régimen previsto en la LO 5/2000, que permite sustituir las penas privativas de libertad por medidas orientadas a la educación, la integración social y la reparación del daño.
2. Medida de trabajo en beneficio de la comunidad
La resolución impone a los menores 20 horas de servicio en centros sociales, concretamente comedores, residencias y centros de mayores, lo que busca:
- Concienciar a los menores sobre la importancia del respeto al patrimonio ajeno.
- Fomentar su contacto con colectivos vulnerables como forma de desarrollo de la empatía.
- Cumplir una función restaurativa y ejemplarizante, sin recurrir al internamiento.
3. Coordinación territorial
Gracias al convenio entre el Juzgado de Menores y la Federación de Municipios, la ejecución de la medida se ha facilitado en las localidades de residencia de los menores (Murcia, Cartagena y La Unión), lo que refuerza el principio de intervención personalizada, cercana y eficaz.
Consecuencias legales y sociales
- La medida impuesta no implica antecedentes penales, pero sí forma parte del historial educativo del menor en el marco de la jurisdicción juvenil.
- En caso de incumplimiento o reincidencia, podrían imponerse medidas más severas, incluyendo el internamiento en régimen semiabierto.
- La colaboración institucional entre los juzgados y los municipios permite ejecutar sanciones que no solo castigan, sino que reconstruyen el vínculo del menor con su entorno social.
Reflexión jurídica
Este caso ejemplifica el carácter educativo y preventivo de la jurisdicción de menores. Frente a conductas disruptivas y perjudiciales como los daños a la propiedad, el sistema opta por medidas que permitan al menor reconocer el impacto de sus actos, responsabilizarse de forma directa y evitar su entrada en el sistema penal ordinario.
El contacto con realidades ajenas —como el cuidado de personas mayores o la atención en servicios sociales— contribuye a generar en el menor valores de respeto, responsabilidad y conciencia comunitaria.
Conclusión
La condena a trabajos en beneficio de la comunidad de estos tres menores por causar daños en vehículos subraya el enfoque restaurativo del derecho penal juvenil. En Luis Ferrer Abogado defendemos un modelo de justicia que apueste por la reintegración y la pedagogía social como herramientas efectivas para la prevención del delito.
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