El Tribunal confirma su derecho a una pensión vitalicia al considerar que la gravedad conjunta de sus patologías le impide desarrollar una actividad laboral con las exigencias mínimas de continuidad, eficacia y profesionalidad
Por Luis Ferrer Abogado
Para obtener una incapacidad permanente absoluta no basta con demostrar que una persona ya no puede realizar su profesión habitual. El grado absoluto exige una limitación mucho mayor: que el trabajador carezca de capacidad funcional suficiente para desarrollar una profesión u oficio con un mínimo de normalidad.
Esta diferencia resulta esencial para comprender una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que ha confirmado la incapacidad permanente absoluta de un taxista afectado por importantes problemas físicos y de salud mental.
La consecuencia es el reconocimiento de una pensión vitalicia, en los términos establecidos por el sistema de Seguridad Social, debido a la gravedad de su cuadro médico y, especialmente, a la repercusión que sus diferentes patologías producen sobre su capacidad laboral.
El caso plantea una cuestión muy habitual en los procedimientos de incapacidad:
¿debe analizarse cada enfermedad por separado o lo verdaderamente importante es estudiar cómo afectan todas ellas, conjuntamente, a la posibilidad real de trabajar?
La respuesta es fundamental. En materia de incapacidad permanente, el diagnóstico por sí solo no decide el grado.
Lo decisivo son las limitaciones funcionales.
Dejar de poder conducir un taxi no basta por sí solo para obtener la incapacidad absoluta
Conviene comenzar estableciendo una diferencia importante.
Un taxista puede encontrarse médicamente imposibilitado para continuar conduciendo profesionalmente y, sin embargo, no reunir necesariamente los requisitos para una incapacidad permanente absoluta.
¿Por qué?
Porque existen diferentes grados de incapacidad permanente.
Si las limitaciones impiden realizar las tareas fundamentales de la profesión habitual, pero permiten dedicarse a otra actividad laboral compatible, puede plantearse un grado diferente.
La incapacidad absoluta va más allá.
Lo que debe acreditarse es que las limitaciones tienen una intensidad tal que impiden desarrollar cualquier profesión u oficio en condiciones laborales razonablemente exigibles.
Incapacidad permanente total y absoluta no son lo mismo
Esta distinción genera numerosas dudas.
La incapacidad permanente total para la profesión habitual impide desarrollar todas o las tareas fundamentales de la profesión que venía ejerciendo el trabajador, pero permite, en principio, dedicarse a otra distinta.
La incapacidad permanente absoluta, en cambio, supone una afectación funcional mucho más extensa.
No se pregunta únicamente:
“¿Puede seguir siendo taxista?”
La pregunta pasa a ser:
“¿Conserva capacidad suficiente para desempeñar otra actividad laboral con regularidad y eficacia?”
Precisamente ahí se encuentra una de las cuestiones esenciales de este tipo de litigios.
Las enfermedades físicas y mentales deben valorarse conjuntamente
Una persona puede presentar varias patologías que, examinadas aisladamente, quizá no parezcan suficientes para justificar una incapacidad absoluta.
Pero el trabajador no desarrolla su actividad laboral separando sus enfermedades.
Todas actúan sobre la misma persona.
Por ello, debe estudiarse el cuadro clínico global.
Una limitación física puede dificultar determinadas tareas.
Un trastorno de salud mental puede afectar a la concentración, tolerancia al estrés, interacción personal o continuidad.
Determinados tratamientos pueden producir efectos secundarios.
Y la combinación de todos estos factores puede generar una limitación funcional muy superior a la que aparentemente produciría cada patología por separado.
El diagnóstico no es lo verdaderamente decisivo
Dos personas con el mismo diagnóstico pueden recibir una valoración laboral diferente.
Esto no es necesariamente contradictorio.
Una enfermedad puede presentarse con distinta intensidad.
Puede responder mejor o peor al tratamiento.
Puede generar secuelas diferentes.
Puede coexistir con otras patologías.
Y puede tener una repercusión laboral muy distinta dependiendo del conjunto funcional de cada persona.
Por eso, en los procedimientos de incapacidad permanente, la pregunta principal no debería ser solamente:
“¿Qué enfermedades tiene?”
Sino:
“¿Qué puede y qué no puede hacer como consecuencia de ellas?”
La salud mental también puede generar incapacidad laboral
Durante mucho tiempo ha existido cierta tendencia social a considerar más fácilmente incapacitante una lesión física visible que una enfermedad relacionada con la salud mental.
Jurídicamente esa distinción carece de sentido.
Una patología psiquiátrica o psicológica suficientemente grave puede afectar de manera intensa a capacidades imprescindibles para trabajar.
Concentración.
Atención.
Memoria.
Tolerancia al estrés.
Capacidad de adaptación.
Interacción con otras personas.
Regularidad.
Estabilidad emocional.
Cumplimiento de horarios.
Persistencia en las tareas.
Cuando estas funciones están seriamente comprometidas, su incidencia laboral puede ser tan importante como la de determinadas patologías físicas.
En un taxista, la capacidad de atención adquiere una especial importancia
La profesión de taxista no consiste simplemente en permanecer sentado y conducir.
Exige mantener atención continuada al tráfico.
Reaccionar ante situaciones inesperadas.
Orientarse.
Tomar decisiones rápidas.
Relacionarse con pasajeros.
Gestionar cobros.
Mantener jornadas de trabajo.
Soportar situaciones de tráfico y estrés.
Y, fundamentalmente, conducir con seguridad.
Por eso, cualquier cuadro médico que afecte significativamente a la concentración, capacidad de reacción, estabilidad física o funcionamiento psíquico debe analizarse cuidadosamente.
La seguridad de terceros también forma parte de las exigencias de la profesión
En profesiones relacionadas con la conducción, la valoración de las limitaciones no puede ignorar que el trabajador desarrolla su actividad en la vía pública y transporta pasajeros.
No se trata únicamente de preguntarse si es físicamente capaz de sentarse al volante.
La conducción profesional exige condiciones que permitan desarrollar la actividad con seguridad.
Una limitación que pudiera ser relativamente manejable en otro contexto laboral puede tener una importancia mucho mayor cuando la profesión exige atención permanente y capacidad de reacción inmediata.
Pero la incapacidad absoluta exige mirar más allá del taxi
Este matiz es esencial.
Si el problema consistiera exclusivamente en que las patologías hacen imposible conducir profesionalmente, la cuestión podría quedar dentro del ámbito de la incapacidad para la profesión habitual.
Para llegar al grado absoluto hay que avanzar un paso más.
Debe analizarse si el cuadro clínico permite al trabajador desarrollar otras profesiones.
El TSJ de Asturias ha ratificado precisamente el grado absoluto atendiendo a la gravedad del cuadro médico.
No basta con imaginar un trabajo teórico
En los procedimientos de incapacidad permanente aparece con frecuencia un razonamiento excesivamente abstracto:
“Quizá no pueda realizar trabajos físicos, pero podría hacer un trabajo sedentario”.
La cuestión no es tan sencilla.
Un trabajo sedentario también exige capacidades.
Atención.
Concentración.
Cumplimiento de horarios.
Desplazamiento hasta el puesto, salvo determinadas modalidades de trabajo.
Relación profesional.
Comprensión de instrucciones.
Productividad.
Persistencia.
Adaptación.
Responsabilidad.
El hecho de que una persona pueda permanecer sentada no significa que automáticamente pueda desarrollar un trabajo sedentario.
Poder realizar alguna actividad cotidiana no equivale a poder trabajar
Esta es otra distinción fundamental.
Una persona puede ser capaz de:
salir de casa,
hacer una compra,
conducir ocasionalmente en determinados casos,
mantener una conversación,
utilizar un teléfono,
realizar pequeñas tareas domésticas
o acudir a una consulta médica.
Nada de ello demuestra automáticamente que pueda desarrollar una actividad profesional durante una jornada laboral.
Trabajar exige continuidad, rendimiento, organización y sometimiento a las exigencias propias de una relación profesional.
La capacidad laboral debe ser real, no meramente residual
Una persona puede conservar determinadas capacidades.
Eso tampoco excluye necesariamente una incapacidad absoluta.
La cuestión consiste en determinar si esas capacidades residuales permiten integrarse realmente en una actividad profesional con unas condiciones mínimas de eficacia.
No se exige que el trabajador se encuentre absolutamente imposibilitado para cualquier movimiento o actividad personal.
La incapacidad laboral no equivale a dependencia total para la vida diaria.
Son conceptos diferentes.
La posibilidad de trabajar debe valorarse con criterios profesionales
Una empresa no contrata a una persona simplemente porque sea capaz de realizar ocasionalmente una tarea.
La prestación laboral requiere regularidad.
Hay que poder acudir al trabajo.
Mantenerse en él.
Cumplir instrucciones.
Realizar las tareas con un rendimiento razonable.
Relacionarse con el entorno profesional.
Y repetir todo ello de forma continuada.
Cuando un cuadro médico impide esa continuidad, la capacidad puramente teórica para ejecutar algún acto aislado puede resultar insuficiente.
Los informes médicos son fundamentales, pero deben describir limitaciones
En un procedimiento de incapacidad permanente, acumular informes médicos no garantiza por sí solo el reconocimiento de una pensión.
Lo verdaderamente útil es que la documentación permita conocer la evolución de las patologías y su repercusión funcional.
No es lo mismo un informe que únicamente enumera diagnósticos que otro que explica:
qué síntomas persisten,
qué tratamientos se han utilizado,
qué respuesta han tenido,
qué limitaciones existen,
qué efectos secundarios aparecen
y cuál es la repercusión funcional previsible.
La evolución de las enfermedades también importa
No toda enfermedad determina una incapacidad permanente desde el momento de su diagnóstico.
Puede existir posibilidad razonable de recuperación.
Los tratamientos pueden mejorar sustancialmente el cuadro.
O las limitaciones pueden tener inicialmente un carácter temporal.
Precisamente por eso debe diferenciarse la incapacidad temporal de la incapacidad permanente.
La segunda requiere una valoración de las limitaciones que presentan la entidad y previsión de permanencia exigidas legalmente.
Los tratamientos también pueden influir en la capacidad laboral
En determinadas enfermedades, especialmente cuando existe una combinación de patologías físicas y de salud mental, no deben analizarse únicamente los síntomas de la enfermedad.
También pueden resultar relevantes los efectos del tratamiento.
Somnolencia.
Fatiga.
Disminución de la atención.
Problemas de concentración.
Mareos.
Otros efectos secundarios.
Cuando existen y están médicamente documentados, pueden formar parte de la valoración funcional.
En un conductor profesional, además, algunos de estos efectos pueden adquirir una importancia evidente.
La Seguridad Social puede denegar inicialmente una incapacidad que después reconocen los tribunales
El procedimiento de incapacidad permanente puede comenzar en vía administrativa.
La valoración realizada en esa fase no siempre coincide con la que posteriormente puede alcanzar un juzgado.
Si existe desacuerdo con la resolución administrativa, el trabajador puede utilizar las vías de impugnación legalmente establecidas.
Posteriormente, la controversia puede llegar a la jurisdicción social.
El caso del taxista muestra precisamente la importancia de la valoración judicial del cuadro médico cuando existe discusión sobre el verdadero alcance de las limitaciones.
El tribunal no reconoce pensiones por el nombre de la enfermedad
Los tribunales no deberían reconocer una incapacidad absoluta simplemente porque una patología sea conocida socialmente como grave.
Tampoco deberían rechazarla porque el diagnóstico, leído aisladamente, parezca compatible con algún tipo de actividad.
El análisis debe individualizarse.
Edad, profesión, limitaciones, evolución clínica y conjunto patológico pueden formar parte de una valoración mucho más compleja.
¿Qué supone una incapacidad permanente absoluta?
El reconocimiento de este grado implica el acceso a la prestación económica correspondiente conforme a las reglas del sistema de Seguridad Social.
Con carácter general, la incapacidad permanente absoluta se relaciona con una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora, aunque la determinación concreta de la cuantía exige calcular correctamente dicha base y atender a las circunstancias del supuesto.
Por eso no puede confundirse el porcentaje aplicable con una cantidad económica universal.
Cada trabajador tendrá una pensión diferente dependiendo de su situación.
¿Qué significa que la pensión sea vitalicia?
La expresión puede generar cierta confusión.
Que una prestación sea vitalicia no significa necesariamente que la situación quede completamente fuera de cualquier posibilidad legal de revisión.
La normativa de Seguridad Social contempla determinados supuestos y reglas de revisión de las incapacidades permanentes.
Por ello, “vitalicia” describe la naturaleza de la prestación frente a una ayuda temporal, pero no debería interpretarse como si el ordenamiento impidiera cualquier revisión en las circunstancias legalmente previstas.
Incapacidad absoluta no significa prohibición absoluta de realizar cualquier actividad
Otra cuestión que suele generar dudas es la compatibilidad entre la pensión y determinadas actividades.
No puede resolverse con una regla simplista.
La normativa contempla posibilidades de compatibilidad en determinados supuestos, pero cualquier actividad debe ser compatible con el estado del pensionista y con el régimen jurídico de la prestación.
Además, una actividad que revele una recuperación significativa de la capacidad laboral puede tener consecuencias que deban ser valoradas.
Por ello, antes de iniciar una actividad laboral o profesional, resulta recomendable estudiar específicamente la compatibilidad.
No todas las personas con los mismos problemas físicos y psicológicos obtendrán la misma pensión
Esta sentencia tampoco crea una regla según la cual un taxista con problemas físicos y de salud mental tenga automáticamente derecho a una incapacidad absoluta.
Cada expediente es diferente.
La clave está en la intensidad de las limitaciones funcionales.
Puede haber personas con diagnósticos semejantes que continúen trabajando.
Otras quizá no puedan continuar conduciendo, pero sí desarrollar otra profesión.
Y otras pueden presentar un cuadro global tan limitante que resulte incompatible con cualquier actividad laboral mínimamente normalizada.
La profesión habitual sigue siendo importante
Aunque la incapacidad absoluta exige analizar la capacidad para cualquier profesión, conocer el trabajo habitual sigue siendo fundamental.
Permite entender las exigencias reales que soportaba la persona y comparar esas exigencias con sus limitaciones.
En el caso de un taxista, la conducción profesional implica responsabilidades y requerimientos muy concretos.
Por eso un buen expediente de incapacidad no debería limitarse a aportar informes médicos.
También debe explicar qué hacía realmente el trabajador en su profesión.
La combinación de patologías puede ser más incapacitante que cada una por separado
Este es probablemente uno de los aspectos más relevantes del caso.
En medicina laboral y en Derecho de la Seguridad Social, el cuadro debe analizarse globalmente.
Una persona puede tener una patología musculoesquelética que limite su movilidad o resistencia.
A la vez puede presentar problemas de salud mental que afecten a su concentración y estabilidad.
Quizá ninguna de las dos situaciones, aisladamente considerada, parezca suficiente para excluir cualquier trabajo.
Pero juntas pueden producir una limitación radicalmente diferente.
El trabajador es uno; sus patologías no trabajan por separado.
La incapacidad no se decide por el número de enfermedades
Tener cinco diagnósticos no genera más derecho que tener dos.
Una sola enfermedad puede ser completamente incapacitante.
Y varias patologías pueden producir limitaciones moderadas compatibles con el trabajo.
Contar diagnósticos no es el criterio.
Lo importante es determinar la repercusión funcional conjunta.
La prueba médica y la prueba profesional deben conectarse
Una reclamación de incapacidad resulta mucho más comprensible cuando consigue establecer una conexión clara:
patología → limitación funcional → exigencia laboral afectada.
Por ejemplo, no basta con afirmar que existe un problema de salud mental.
Hay que explicar qué síntomas provoca y cómo afectan a la capacidad de desarrollar una jornada laboral.
Lo mismo sucede con las patologías físicas.
La relación entre enfermedad y trabajo debe poder entenderse.
El TSJ confirma la decisión atendiendo a la gravedad global del cuadro
Según la información disponible, el TSJ de Asturias ha ratificado la incapacidad permanente absoluta debido a la gravedad del cuadro médico del taxista.
La decisión es relevante precisamente porque no se limita a constatar que el trabajador tiene problemas para conducir.
El grado reconocido implica considerar que sus limitaciones tienen una proyección laboral mucho más amplia.
La consecuencia es el mantenimiento de su derecho a la correspondiente pensión vitalicia por incapacidad permanente absoluta.
Reflexión jurídica
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias permite recordar uno de los principios más importantes en materia de incapacidad permanente:
no se incapacita por diagnósticos, sino por limitaciones funcionales.
El nombre de una enfermedad no determina automáticamente el derecho a una pensión.
Tampoco lo hace el número de patologías.
Hay que estudiar cómo afectan realmente al trabajador.
Y cuando existen problemas físicos y de salud mental, la valoración no debería realizarse creando compartimentos artificiales.
La pregunta no es si cada patología, aisladamente considerada, impediría trabajar.
La cuestión es qué capacidad laboral conserva esa persona después de sumar todas las limitaciones que realmente padece.
En este caso, además, la profesión habitual era la de taxista, una actividad que exige atención, capacidad de reacción, tolerancia al estrés y condiciones físicas y psicológicas compatibles con una conducción profesional segura.
Pero para reconocer la incapacidad absoluta no basta con concluir que el trabajador ya no puede conducir un taxi.
Debe apreciarse una afectación de suficiente intensidad como para impedir también el desarrollo normal de otras actividades profesionales.
Eso es precisamente lo que diferencia una incapacidad para la profesión habitual de una incapacidad permanente absoluta.
Conclusión
El TSJ de Asturias ha confirmado la incapacidad permanente absoluta de un taxista afectado por graves problemas físicos y de salud mental, ratificando su derecho a la correspondiente pensión vitalicia.
La resolución pone de manifiesto que la valoración de una incapacidad no puede limitarse a leer una lista de diagnósticos.
Debe analizarse la persona en su conjunto.
Sus limitaciones físicas.
Su estado de salud mental.
La evolución de las patologías.
La respuesta a los tratamientos.
Los posibles efectos secundarios.
Y, fundamentalmente, la repercusión que todo ello tiene sobre su capacidad real para desarrollar una actividad profesional.
También recuerda una diferencia fundamental: no poder continuar trabajando como taxista no equivale automáticamente a una incapacidad absoluta. Para alcanzar este grado, las limitaciones deben proyectarse sobre la capacidad laboral general y no exclusivamente sobre la profesión habitual.
Por eso, en los procedimientos de incapacidad permanente, la pregunta decisiva no es únicamente “qué enfermedad tiene el trabajador”.
La verdadera pregunta es:
“¿Qué capacidad laboral conserva realmente a pesar de sus enfermedades?”
Cuando el cuadro médico es tan grave que impide desarrollar una profesión con las condiciones mínimas de continuidad, eficacia y profesionalidad exigibles, puede existir fundamento para reconocer una incapacidad permanente absoluta, como ha confirmado el TSJ de Asturias en este caso.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en incapacidad permanente absoluta y total, pensiones de la Seguridad Social, reclamaciones frente al INSS, valoración de patologías físicas y de salud mental y procedimientos ante la jurisdicción social.