El Tribunal de Instancia de Vigo considera que uno de los cónyuges puede cometer un delito de daños sobre bienes gananciales, porque destruirlos o deteriorarlos también perjudica el derecho patrimonial que corresponde al otro esposo
Por Luis Ferrer Abogado
¿Puede una persona cometer un delito de daños contra un objeto que también le pertenece?
La respuesta puede ser afirmativa cuando estamos ante bienes comunes de un matrimonio.
El Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a una mujer por un delito leve de daños en bienes gananciales, destacando que el hecho de que los objetos pertenezcan a la sociedad de gananciales no permite a uno de los cónyuges destruirlos libremente.
La razón jurídica es importante: aunque se trate de bienes comunes, el otro esposo también posee derechos patrimoniales sobre ellos.
Por tanto, dañar intencionadamente un bien ganancial no supone únicamente actuar sobre algo propio. También puede significar perjudicar el patrimonio y los derechos económicos del otro cónyuge.
El caso resulta especialmente interesante porque permite aclarar una idea muy extendida durante separaciones, divorcios o conflictos familiares:
que un bien sea de los dos no significa que cualquiera de los dos pueda destruirlo.
Los bienes gananciales pertenecen a una comunidad matrimonial
Cuando un matrimonio está sometido al régimen económico de sociedad de gananciales, determinados bienes adquiridos durante el matrimonio pasan a integrar un patrimonio común.
Esto ocurre, con las excepciones legalmente previstas, con numerosos bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad.
Muebles.
Electrodomésticos.
Vehículos.
Ahorros.
Determinados ingresos.
Objetos adquiridos con dinero ganancial.
Pero la existencia de esa comunidad no concede a uno de los esposos un poder ilimitado sobre los bienes.
Ambos tienen derechos sobre el patrimonio ganancial.
“También es mío” no autoriza a destruirlo
Esta es probablemente la principal enseñanza de la resolución.
En una discusión matrimonial puede aparecer una frase aparentemente sencilla:
“Puedo romperlo porque también es mío”.
Jurídicamente, la cuestión no funciona de esa manera.
Si un objeto forma parte del patrimonio ganancial, la actuación de uno de los cónyuges puede afectar directamente a los derechos económicos del otro.
Destruir un televisor común.
Romper muebles.
Dañar un vehículo ganancial.
Destrozar determinados objetos del domicilio.
Puede provocar una disminución del patrimonio que corresponde a ambos.
Por ello, el carácter ganancial del bien no convierte necesariamente la destrucción intencionada en penalmente irrelevante.
La clave está en el derecho patrimonial del otro cónyuge
El juez destaca precisamente que la lesión de objetos comunes por uno de los esposos vulnera el derecho de propiedad o el interés patrimonial correspondiente al otro.
Desde una perspectiva sencilla puede comprenderse así.
Si un matrimonio posee un determinado bien y uno de ellos lo destruye, el patrimonio común pasa a valer menos.
Esa pérdida no afecta solamente a quien causa el daño.
También afecta al otro cónyuge.
Y puede resultar particularmente evidente cuando el matrimonio está atravesando una ruptura y posteriormente tendrá que liquidarse la sociedad de gananciales.
Los bienes gananciales no significan que cada cónyuge tenga físicamente “su mitad” de cada objeto
Conviene realizar una precisión técnica.
Mientras la sociedad de gananciales permanece vigente y no ha sido liquidada, no debe imaginarse necesariamente que cada esposo sea propietario individual de un 50 % físicamente identificable de cada mueble, vehículo o cuenta bancaria.
Existe una comunidad ganancial sometida a sus propias reglas.
Será posteriormente, cuando proceda su liquidación, cuando se realicen las correspondientes operaciones patrimoniales.
Pero precisamente porque ambos participan en ese patrimonio, ninguno puede actuar como si los bienes fueran exclusivamente suyos.
¿Qué es el delito de daños?
El Código Penal castiga, con carácter general, a quien causa intencionadamente daños en propiedad ajena cuando la conducta no se encuentra comprendida en otros delitos específicamente regulados.
La conducta puede consistir en:
romper,
destruir,
deteriorar,
inutilizar
o reducir significativamente el valor de un objeto.
La valoración económica de los daños resulta especialmente importante para determinar las consecuencias penales.
Cuando el perjuicio no supera determinados límites establecidos por el Código Penal, la conducta puede calificarse como delito leve de daños.
Un delito leve sigue siendo un delito
La expresión “delito leve” puede generar una impresión equivocada.
No significa que la conducta sea jurídicamente irrelevante.
Significa que el Código Penal establece para ella una respuesta menos grave que para otras modalidades delictivas.
Puede existir una condena penal.
Puede imponerse una pena de multa.
Puede surgir responsabilidad civil.
Y la sentencia puede producir otras consecuencias jurídicas.
Por tanto, una discusión doméstica que termina con objetos deliberadamente destrozados puede pasar del ámbito estrictamente familiar al penal.
No todo objeto roto durante una discusión supone un delito
Debe evitarse, sin embargo, la conclusión contraria.
Que un objeto resulte deteriorado no significa automáticamente que exista responsabilidad penal.
Para hablar de un delito de daños debe analizarse, entre otras cuestiones, cómo se produjo realmente la rotura.
No es lo mismo:
romper deliberadamente un objeto,
que dañarlo accidentalmente.
Un vaso que cae involuntariamente al suelo no plantea la misma cuestión que un teléfono arrojado deliberadamente contra una pared para destruirlo.
El elemento intencional resulta fundamental.
El delito de daños exige analizar la voluntad de causar el deterioro
Cuando se discute penalmente una rotura, una de las preguntas esenciales será determinar si existió intención de dañar.
Esa intención no siempre se reconoce expresamente.
Puede deducirse de las circunstancias.
Forma de actuar.
Número de objetos afectados.
Mensajes previos o posteriores.
Testigos.
Imágenes.
Naturaleza del enfrentamiento.
Modo en que quedaron los bienes.
La existencia de un conflicto matrimonial no demuestra por sí sola el delito, pero puede formar parte del contexto en el que se analiza la conducta.
La sociedad de gananciales no es una licencia para disponer unilateralmente del patrimonio
Los cónyuges están sometidos a reglas sobre administración y disposición de los bienes comunes.
La sociedad de gananciales implica compartir determinados activos, pero también exige respetar los derechos patrimoniales de ambos.
Esto adquiere especial importancia cuando comienza una crisis matrimonial.
Puede aparecer la tentación de vaciar la vivienda.
Vender objetos.
Destruir determinados bienes.
Retirar dinero.
Ocultar patrimonio.
O atribuirse unilateralmente objetos comunes.
Cada una de estas conductas debe ser analizada según sus características.
No todas constituyen delitos.
Pero tampoco puede afirmarse que todo esté permitido simplemente porque los bienes forman parte del patrimonio matrimonial.
Separarse no convierte automáticamente los bienes comunes en propiedad individual
Otro error frecuente surge cuando uno de los cónyuges abandona el domicilio.
El hecho de que una persona se marche de la vivienda familiar no significa que renuncie automáticamente a sus derechos sobre los bienes gananciales.
Tampoco significa que todo lo que permanece en la vivienda pase a pertenecer exclusivamente a quien continúa residiendo en ella.
El uso de una vivienda o de determinados objetos y la titularidad patrimonial son cuestiones diferentes.
Los bienes deben repartirse o liquidarse, no destruirse
Cuando existe una ruptura matrimonial, el cauce correcto para determinar qué ocurre con los bienes comunes es la correspondiente liquidación de la sociedad de gananciales, cuando proceda.
En ese procedimiento pueden determinarse:
los bienes integrantes del patrimonio,
las deudas,
las cantidades que deban reintegrarse,
las adjudicaciones
y las compensaciones correspondientes.
Lo que no constituye un mecanismo jurídico de liquidación es destruir los bienes antes de repartirlos.
Dañar un objeto común puede perjudicar la futura liquidación
Imaginemos que un matrimonio posee un vehículo ganancial valorado en una determinada cantidad.
Si antes de liquidar la sociedad uno de los esposos lo destruye deliberadamente, el patrimonio que posteriormente deberá repartirse habrá sufrido una pérdida.
Algo parecido puede ocurrir con muebles, aparatos electrónicos u otros bienes.
Por eso el daño puede afectar directamente a las expectativas y derechos económicos del otro cónyuge.
La valoración económica de los daños puede ser decisiva
En estos procedimientos resulta fundamental acreditar cuánto vale realmente el daño causado.
No siempre coincide:
el precio original del objeto,
con el coste de reparación,
ni con su valor en el momento de los hechos.
Un mueble comprado años atrás puede haber perdido valor.
Un teléfono puede repararse por una cantidad determinada.
Un electrodoméstico puede quedar completamente inutilizado.
Por ello pueden resultar útiles:
facturas,
presupuestos,
informes periciales,
fotografías
o documentación que acredite el coste de reparación o reposición.
No es lo mismo el valor del objeto que el importe del daño
Este matiz puede resultar importante.
Si un objeto cuesta 1.000 euros pero puede repararse completamente por 150, el perjuicio económico no tiene por qué valorarse necesariamente como si el bien hubiera sido destruido por completo.
Cada caso exige determinar cuál fue realmente el menoscabo producido.
Esta valoración puede tener consecuencias incluso para la calificación penal de los hechos.
Fotografías y vídeos pueden ser pruebas especialmente útiles
Los conflictos domésticos relacionados con daños suelen presentar un importante problema probatorio.
Una persona afirma:
“Lo rompió deliberadamente”.
La otra responde:
“Ya estaba roto”.
O:
“Se cayó durante la discusión”.
Por eso las pruebas objetivas adquieren gran relevancia.
Fotografías realizadas inmediatamente después.
Vídeos.
Cámaras.
Mensajes en los que se reconoce lo ocurrido.
Testigos.
Intervenciones policiales.
Facturas o presupuestos.
Todo ello puede ayudar a reconstruir los hechos.
Los mensajes posteriores pueden tener especial valor
No es infrecuente que después de un conflicto una persona envíe mensajes como:
“Te he roto todo”.
“Voy a destrozar tus cosas”.
“No vas a quedarte con nada”.
Estas comunicaciones pueden adquirir relevancia probatoria.
Pero siempre deben analizarse en contexto y verificarse adecuadamente cuando su autenticidad sea discutida.
Una captura aislada puede ser relevante, aunque resulta preferible conservar la conversación completa y, cuando sea posible, el dispositivo original.
¿Qué ocurre si los bienes eran privativos del otro cónyuge?
En ese caso la cuestión patrimonial puede resultar todavía más clara.
No todos los objetos existentes dentro de un matrimonio son gananciales.
El Código Civil contempla bienes que pueden tener carácter privativo.
Entre otros supuestos y con los correspondientes matices, pueden existir bienes que una persona poseía antes del matrimonio o que recibió individualmente por herencia o donación.
Si uno de los esposos destruye intencionadamente un bien privativo perteneciente exclusivamente al otro, estaremos ante una situación diferente de la destrucción de un bien ganancial.
Pero existe una importante especialidad penal entre cónyuges
En los delitos patrimoniales cometidos entre determinados familiares existe una regulación específica que no debe olvidarse.
El Código Penal contempla, bajo determinadas condiciones, una excusa absolutoria entre cónyuges y otros familiares respecto de determinados delitos patrimoniales.
Esto significa que no toda conducta patrimonial realizada por un esposo contra el otro genera automáticamente responsabilidad penal.
La aplicación de esta figura depende de las circunstancias del caso.
La situación matrimonial concreta puede ser decisiva
La excusa absolutoria prevista para determinados delitos patrimoniales no funciona de manera absoluta.
La existencia de una separación legal o de hecho, determinados procedimientos matrimoniales y otras circunstancias pueden resultar decisivas para saber si puede aplicarse.
Por ello, la condena dictada en Vigo no debe transformarse en una regla simplificada del tipo:
“Todo esposo que rompe un bien ganancial comete siempre un delito”.
La afirmación correcta es más matizada:
el carácter ganancial del bien no impide por sí solo que pueda existir un delito de daños, porque la destrucción puede perjudicar los derechos patrimoniales del otro cónyuge; después habrá que estudiar las circunstancias concretas y el resto de normas aplicables.
La violencia o intimidación cambian completamente el análisis
También debe diferenciarse el simple delito patrimonial de situaciones en las que el daño se produce dentro de un contexto de violencia, amenazas o intimidación.
Romper objetos durante una discusión puede ser algo más que una pérdida económica.
Dependiendo de las circunstancias, destruir bienes delante de otra persona puede utilizarse como forma de intimidación.
Por ejemplo, lanzar objetos.
Golpear muebles.
Destrozar un teléfono para impedir una comunicación.
Romper pertenencias personales mientras se profieren amenazas.
En estos escenarios pueden entrar en juego otras figuras penales.
Cada conducta debe analizarse individualmente.
Romper el teléfono de la pareja puede tener consecuencias adicionales
El teléfono móvil merece una mención especial.
Actualmente contiene:
fotografías,
contactos,
información laboral,
documentos,
acceso bancario,
comunicaciones
y datos personales.
Destruirlo puede constituir un daño patrimonial, pero las circunstancias concretas pueden revelar además otras conductas jurídicamente relevantes.
No es lo mismo romper accidentalmente un móvil que destruirlo deliberadamente para impedir que una persona solicite ayuda o se comunique con terceros.
La responsabilidad civil puede obligar a pagar los daños
La condena penal no es la única consecuencia posible.
Quien causa daños puede estar obligado a reparar económicamente el perjuicio.
La responsabilidad civil derivada del delito busca restaurar, en la medida de lo posible, la situación patrimonial de la víctima.
Puede implicar:
reparar el objeto,
reponerlo
o indemnizar el daño económicamente.
La concreta consecuencia dependerá de las características del supuesto.
El conflicto matrimonial no elimina los derechos patrimoniales
Durante una separación es frecuente que las emociones interfieran en las decisiones económicas.
Pero desde el punto de vista jurídico conviene separar ambos planos.
El deterioro de la relación sentimental no permite actuar libremente contra los bienes.
Una persona puede estar muy enfadada con su pareja.
Puede querer divorciarse.
Puede considerar injusto el futuro reparto.
Pero nada de ello autoriza a destruir el patrimonio común.
“Lo pagué yo” tampoco resuelve necesariamente quién es el propietario
En un matrimonio sometido a gananciales puede existir otra confusión habitual.
Uno de los esposos afirma:
“Ese objeto lo pagué yo con mi sueldo”.
Pero el hecho de que el dinero proceda materialmente de la nómina de uno de ellos no significa necesariamente que el objeto sea privativo.
Los salarios obtenidos durante la vigencia de la sociedad de gananciales tienen, con carácter general, el tratamiento jurídico correspondiente al régimen ganancial.
Por ello, para saber quién es titular de un bien no basta siempre con comprobar qué tarjeta se utilizó para comprarlo.
Las facturas son importantes, pero no siempre determinan por sí solas el carácter ganancial o privativo
Una factura a nombre de uno de los cónyuges puede ser una prueba relevante.
Pero para conocer la naturaleza jurídica de un bien puede ser necesario estudiar también:
cuándo se adquirió,
con qué dinero,
qué régimen económico matrimonial existía,
si hubo una donación,
si se produjo una sustitución de un bien privativo
o si concurre alguna de las reglas especiales del Código Civil.
La propiedad matrimonial no siempre puede determinarse leyendo únicamente un ticket de compra.
El proceso penal no sustituye a la liquidación de gananciales
Otra cuestión importante es separar procedimientos.
Un juicio por daños puede determinar si una persona destruyó intencionadamente determinados bienes y si existe responsabilidad penal.
Pero no tiene por qué resolver toda la situación económica del matrimonio.
La liquidación completa del patrimonio común puede requerir un procedimiento específico.
Por tanto, proceso penal y conflicto matrimonial pueden coexistir sin que uno sustituya necesariamente al otro.
Denunciar daños no decide quién tiene razón en el divorcio
Tampoco debe utilizarse el procedimiento penal como una prolongación del conflicto sentimental.
Que uno de los cónyuges sea condenado por romper determinados bienes no significa que todas las demás cuestiones del divorcio deban resolverse a favor del otro.
Custodia.
Uso de la vivienda.
Pensión.
Liquidación patrimonial.
Cada cuestión tiene sus propios criterios jurídicos.
Reflexión jurídica
La resolución del Tribunal de Instancia de Vigo plantea una idea aparentemente sencilla, pero jurídicamente muy importante:
los bienes gananciales son comunes, no bienes sobre los que cada cónyuge pueda actuar como propietario exclusivo.
Cuando uno destruye deliberadamente un objeto perteneciente al patrimonio ganancial, no afecta únicamente a algo que también es suyo.
Está disminuyendo un patrimonio sobre el que el otro esposo posee igualmente derechos.
Por ello, el carácter ganancial del objeto no excluye necesariamente la existencia de un delito de daños.
Ahora bien, esta conclusión debe manejarse con precisión.
No cualquier rotura es delito.
Debe existir una conducta penalmente relevante y suficientemente probada.
Tampoco toda actuación contra bienes del cónyuge genera automáticamente condena, porque deben considerarse las reglas específicas aplicables a los delitos patrimoniales entre familiares y la situación matrimonial concreta.
Y, por supuesto, un accidente doméstico no puede equipararse a una destrucción intencionada.
La clave vuelve a estar en las circunstancias.
Conclusión
El Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a una mujer por un delito leve de daños cometidos sobre bienes gananciales, considerando que destruir o deteriorar objetos pertenecientes al patrimonio común también puede vulnerar los derechos patrimoniales del otro cónyuge.
La resolución permite desmontar una idea equivocada:
“Si el objeto también es mío, puedo romperlo”.
No necesariamente.
En una sociedad de gananciales, los bienes comunes forman parte de un patrimonio en el que ambos esposos poseen intereses jurídicamente protegidos.
Destruir deliberadamente uno de esos bienes puede disminuir el patrimonio común y perjudicar directamente al otro.
Pero la respuesta penal nunca debe automatizarse.
Será necesario determinar:
si el bien era realmente ganancial,
si el daño fue intencionado,
cuál fue su valoración económica,
qué pruebas existen
y si concurren las reglas especiales que el Código Penal establece para determinadas relaciones patrimoniales entre cónyuges.
La ruptura matrimonial puede terminar con la convivencia.
Puede conducir al divorcio.
Puede obligar a repartir el patrimonio.
Pero no concede a ninguno de los cónyuges el derecho a destruir unilateralmente aquello que pertenece a ambos.
Los bienes gananciales se liquidan y se reparten conforme a la ley.
No se hacen desaparecer mediante su destrucción.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en delitos de daños, conflictos patrimoniales entre cónyuges, sociedad de gananciales, responsabilidad civil derivada del delito, separación, divorcio y liquidación del régimen económico matrimonial.