El trabajador, ayudante de cocina, sufrió un accidente de moto y terminó con una incapacidad permanente, pero cuando se reconoció la prestación ya no estaba incluido en la cobertura del seguro colectivo contratado por la empresa
Por Luis Ferrer Abogado
¿Quién debe pagar una indemnización por incapacidad permanente cuando el convenio colectivo obliga a la empresa a asegurar a sus trabajadores, pero en el momento determinante el empleado ya no aparece cubierto por la póliza?
La respuesta no siempre es la aseguradora.
El Tribunal Supremo ha resuelto un conflicto de especial interés laboral y asegurador al eximir a Generali del pago de una indemnización de 12.020 euros reclamada por un ayudante de cocina que sufrió un accidente de moto y posteriormente fue declarado en situación de incapacidad permanente.
La razón esencial es que el trabajador ya no estaba incluido dentro de la cobertura del seguro colectivo cuando se produjo el hecho jurídicamente determinante para generar el derecho a la indemnización.
Sin embargo, que la aseguradora no tenga que pagar no significa que el trabajador pierda necesariamente esa cantidad.
El Supremo considera que debe responder su antigua empresa, al ser esta quien tenía la obligación de garantizar la cobertura prevista para sus empleados.
El caso contiene una enseñanza especialmente importante:
cuando una empresa tiene la obligación convencional de asegurar determinados riesgos, no puede trasladar al trabajador las consecuencias de haber dejado de mantener correctamente la cobertura.
Un accidente de moto que terminó en incapacidad permanente
El trabajador desempeñaba funciones como ayudante de cocina.
Sufrió un accidente de motocicleta que posteriormente desembocó en el reconocimiento de una situación de incapacidad permanente.
A partir de ese momento surgió la discusión sobre quién debía abonar la indemnización adicional prevista en el ámbito laboral.
La cantidad reclamada era de 12.020 euros.
El conflicto terminó llegando al Tribunal Supremo.
La pensión de incapacidad y la indemnización del seguro son cosas diferentes
Esta es la primera distinción que debe hacerse.
Cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente puede surgir el derecho a una prestación de Seguridad Social.
Pero algunos convenios colectivos establecen además una indemnización complementaria para determinados supuestos.
Esa cantidad adicional puede encontrarse asegurada mediante una póliza colectiva contratada por la empresa.
Por tanto, pueden coexistir:
la pensión de Seguridad Social
y
una indemnización prevista convencionalmente y cubierta, en principio, mediante un seguro.
No deben confundirse ambas prestaciones.
El convenio colectivo puede obligar a la empresa a contratar un seguro
Numerosos convenios establecen obligaciones de este tipo.
La empresa debe concertar una póliza que cubra determinados riesgos de sus trabajadores.
Fallecimiento.
Incapacidad permanente.
Accidentes.
O determinadas contingencias específicamente definidas.
La finalidad es garantizar que, si ocurre el riesgo previsto, el empleado o sus beneficiarios reciban una cantidad adicional.
Pero la obligación frente al trabajador nace del marco laboral aplicable.
Contratar una póliza no siempre libera completamente a la empresa
Esta es una de las principales enseñanzas del caso.
Cuando el empresario está obligado a garantizar una cobertura, no basta necesariamente con afirmar:
“Yo contraté un seguro; reclame usted a la compañía”.
Hay que comprobar si el seguro cubría realmente al trabajador y el riesgo en el momento jurídicamente relevante.
Si la empresa incumplió su obligación de mantener esa cobertura, puede terminar respondiendo directamente.
¿Por qué Generali no tiene que pagar?
Porque, según la información disponible, el trabajador no se encontraba ya dentro del ámbito de cobertura de la póliza colectiva cuando se produjo el hecho que generaba el derecho asegurado.
Una aseguradora responde conforme a las condiciones y límites del contrato que ha suscrito.
Si una persona no es asegurada en el momento relevante, no puede imponerse a la compañía una cobertura inexistente simplemente porque anteriormente hubiera estado incluida.
La póliza no cubre indefinidamente a quien alguna vez estuvo asegurado
Este principio es sencillo, pero importante.
Una póliza colectiva suele estar vinculada a una determinada relación laboral y a un período concreto de cobertura.
El hecho de haber estado asegurado durante una etapa no significa que esa protección continúe indefinidamente una vez desaparecida la inclusión en la póliza.
Por eso resulta fundamental determinar cuándo se produjo el siniestro a efectos del seguro.
¿Cuál es el momento relevante en una incapacidad permanente?
Esta cuestión puede ser compleja.
Puede existir una gran diferencia temporal entre:
el accidente,
la baja médica,
el tratamiento,
las secuelas,
la finalización de la relación laboral
y la declaración administrativa o judicial de incapacidad permanente.
La controversia puede centrarse precisamente en determinar cuál de esos momentos activa la cobertura de la póliza.
El accidente y la declaración de incapacidad no son necesariamente el mismo “siniestro” asegurador
Un trabajador puede sufrir un accidente cuando todavía está en la empresa.
Pero la incapacidad permanente puede ser reconocida meses después.
Si la póliza cubre específicamente la declaración de incapacidad permanente, habrá que estudiar qué fecha considera jurídicamente relevante la propia cobertura y la doctrina aplicable.
Por eso no siempre basta con preguntar:
“¿Estaba contratado el día del accidente?”
Puede ser necesario formular otra pregunta:
“¿Estaba asegurado cuando se produjo la contingencia cubierta por la póliza?”
El Supremo diferencia entre la responsabilidad de la aseguradora y la de la empresa
Este es el núcleo del asunto.
La aseguradora solo debe responder dentro de su contrato.
La empresa, en cambio, puede tener una obligación laboral independiente derivada del convenio colectivo.
Si la empresa debía garantizar una indemnización determinada y no consiguió que el trabajador estuviera correctamente cubierto, la falta de cobertura no necesariamente perjudica al empleado.
Puede perjudicar al empresario.
El trabajador no tiene por qué asumir el riesgo de una cobertura defectuosa
Desde la perspectiva laboral, esta conclusión resulta especialmente importante.
El trabajador no participa normalmente en la negociación de la póliza colectiva.
No elige la aseguradora.
No redacta las condiciones.
No decide cuándo se comunica una baja o un alta.
Todo ello corresponde al empresario y a la compañía.
Por eso, cuando la obligación de asegurar nace del convenio, sería problemático que un defecto de gestión empresarial dejara sin protección al empleado.
La empresa puede convertirse en responsable directa de la cantidad
Si existe obligación de proporcionar una cobertura y esta no se ha garantizado adecuadamente, la consecuencia puede ser que la empresa tenga que pagar con sus propios recursos la indemnización que habría correspondido si el seguro hubiese estado correctamente articulado.
Eso es lo que explica el resultado de este procedimiento.
Generali queda liberada.
Pero la cantidad no desaparece.
Debe asumirla la antigua empleadora.
Los 12.020 euros no forman parte necesariamente de la pensión de incapacidad
La cantidad tiene una naturaleza distinta.
La pensión de incapacidad permanente se calcula conforme al sistema de Seguridad Social y a la base reguladora correspondiente.
La indemnización discutida en este procedimiento deriva de una obligación adicional.
Por eso puede existir derecho a ambas sin que exista duplicidad indebida.
Los seguros colectivos de convenio tienen una enorme importancia práctica
Muchos trabajadores desconocen que su convenio colectivo puede contener coberturas adicionales.
Entre ellas:
seguros de vida,
accidente,
invalidez,
incapacidad,
o fallecimiento.
Estas previsiones pueden representar cantidades significativas.
Por ello, cuando se reconoce una incapacidad permanente, no debería revisarse únicamente la resolución del INSS.
También conviene comprobar el convenio colectivo y las pólizas que hubiera contratado la empresa.
El trabajador puede desconocer incluso qué aseguradora tenía
Esto sucede con frecuencia.
El empleado sabe dónde trabaja y qué convenio se le aplica.
Pero no necesariamente conoce:
qué compañía aseguradora utiliza la empresa,
qué póliza existe,
qué capital está garantizado,
qué contingencias cubre,
o cuáles son las fechas de vigencia.
Eso no elimina sus derechos.
La obligación empresarial debe poder acreditarse y cumplirse correctamente.
La empresa debe mantener actualizada la relación de asegurados
En los seguros colectivos resulta fundamental que las altas y bajas sean correctamente comunicadas.
Un error administrativo puede generar consecuencias económicas importantes.
Si una empresa tiene cien trabajadores y omite incluir a uno, el problema puede pasar inadvertido durante años.
Pero cuando precisamente ese empleado sufre la contingencia cubierta, la falta de inclusión puede convertirse en un litigio de miles de euros.
No todas las pólizas cubren exactamente lo mismo
Este punto es fundamental.
Algunas coberturas pueden referirse a:
incapacidad permanente absoluta,
incapacidad permanente total,
gran invalidez,
fallecimiento,
accidente laboral,
accidente no laboral,
o cualquier contingencia.
Todo depende de lo pactado.
Por eso no debe asumirse que cualquier incapacidad genera automáticamente derecho a una indemnización de seguro.
Hay que leer conjuntamente convenio y póliza
En un procedimiento de este tipo existen normalmente dos documentos esenciales.
Primero, el convenio colectivo, porque establece la obligación empresarial.
Segundo, la póliza, porque determina el riesgo que asumió la compañía aseguradora.
El litigio puede aparecer cuando ambos instrumentos no coinciden perfectamente.
Si la póliza ofrece menos de lo que exige el convenio, el problema puede ser de la empresa
Imaginemos que el convenio obliga a garantizar 20.000 euros por una determinada incapacidad.
La empresa contrata por error un seguro que solo cubre 10.000.
Si se produce el siniestro, no resulta necesariamente aceptable que el trabajador pierda los otros 10.000 por una decisión contractual del empresario.
La empresa podría responder por la diferencia.
El principio es similar al que aparece en el caso resuelto por el Supremo.
La aseguradora no puede ser obligada a cubrir aquello que nunca aseguró
Pero tampoco sería correcto resolver el problema extendiendo artificialmente el contrato de seguro.
La compañía responde en los términos de la póliza.
No puede imponérsele un riesgo no asumido.
Por eso el Tribunal Supremo desplaza la responsabilidad hacia la empresa.
El convenio vincula a la empresa, no amplía automáticamente la póliza de la aseguradora
Este matiz es esencial.
La obligación de la empresa puede proceder del convenio.
La obligación de la aseguradora procede del contrato de seguro.
Son dos relaciones jurídicas conectadas, pero distintas.
Que el convenio exija una determinada cobertura no significa que la aseguradora responda por ella si realmente no fue incluida en la póliza.
El posible incumplidor será entonces el empresario.
El trabajador no debería ser perjudicado por esa diferencia
Precisamente por eso el sistema puede mantener el derecho económico frente a la empresa.
De lo contrario, bastaría con que el empresario contratara incorrectamente la póliza para vaciar de contenido una obligación establecida en el convenio.
Incapacidad permanente total y absoluta no deben confundirse
Dependiendo del caso, la póliza puede cubrir uno o varios grados.
La incapacidad permanente total impide al trabajador desarrollar su profesión habitual, aunque pueda dedicarse a otra distinta.
La incapacidad permanente absoluta afecta, en términos generales, a la capacidad para desarrollar cualquier profesión u oficio en condiciones laborales normales.
La cobertura aseguradora debe indicar qué supuestos contempla.
La profesión del trabajador puede ser relevante para la incapacidad, pero no necesariamente para la póliza
El trabajador era ayudante de cocina.
Para reconocer determinados grados de incapacidad, las limitaciones médicas deben ponerse en relación con las exigencias de su profesión.
Pero una vez reconocido el grado correspondiente, el derecho al seguro dependerá del contenido de la cobertura convencional y contractual.
Son niveles diferentes de análisis.
Un accidente de moto no tiene por qué ser accidente laboral para generar la indemnización
Tampoco puede darse por hecho que una indemnización de convenio se limite a accidentes de trabajo.
Hay pólizas que incluyen accidentes no laborales.
O incapacidad derivada de cualquier contingencia.
De nuevo, todo depende de la redacción concreta.
En este caso sabemos que el origen fue un accidente de moto, pero no es necesario extraer conclusiones adicionales no contenidas en la información facilitada.
La fecha de extinción del contrato puede ser determinante
El hecho de que se tratara de su antigua empresa es especialmente relevante.
Entre el accidente y la consolidación de la incapacidad pudo existir una extinción contractual.
El problema se produce precisamente porque, llegado el momento determinante para la cobertura, el empleado ya no figuraba como asegurado.
Por eso las empresas deben prestar especial atención a cómo gestionan las pólizas cuando una persona causa baja.
Una baja empresarial no siempre elimina inmediatamente todas las obligaciones vinculadas a hechos anteriores
El final de una relación laboral no hace desaparecer automáticamente los derechos generados durante su vigencia.
Puede haber:
salarios pendientes,
bonus,
vacaciones,
responsabilidades por accidentes,
indemnizaciones,
o derechos derivados de hechos ocurridos mientras existía el contrato.
La clave consiste en determinar cuándo nació realmente cada derecho.
La discusión sobre el “hecho causante” es fundamental
En Seguridad Social y seguros aparece con frecuencia esta expresión.
El hecho causante es el acontecimiento o momento jurídicamente relevante para el nacimiento de una prestación o cobertura.
Identificarlo correctamente puede decidir quién debe pagar.
Un solo día de diferencia puede ser suficiente para que una persona esté o no incluida dentro de una póliza.
El trabajador demandó buscando la indemnización, pero la responsabilidad podía dirigirse contra sujetos distintos
Este tipo de procedimientos suele presentar una dificultad procesal añadida.
Puede discutirse si debe responder:
la aseguradora,
la empresa,
o ambas en determinados términos.
Por eso resulta frecuente demandar a las partes potencialmente responsables para que el tribunal determine finalmente a quién corresponde el pago.
La condena de la empresa no significa que la aseguradora actuara necesariamente de forma incorrecta
Otra precisión importante.
Generali queda exonerada porque la cobertura no alcanzaba al trabajador en el momento relevante.
Eso no significa necesariamente que la compañía hubiera incumplido sus obligaciones.
Si la póliza estaba correctamente delimitada, simplemente no existía cobertura.
El problema radicaba en la obligación empresarial de garantizarla.
La responsabilidad empresarial puede existir aunque no haya culpa personal de un directivo
No es necesario que un responsable concreto haya actuado intencionadamente para que la empresa tenga que pagar.
Puede existir:
un error administrativo,
una póliza insuficiente,
una baja comunicada de determinada manera,
o una discrepancia entre convenio y seguro.
La responsabilidad laboral deriva del incumplimiento de la obligación de cobertura, no necesariamente de una actuación dolosa.
Los departamentos de recursos humanos deberían auditar periódicamente estas pólizas
La sentencia contiene una importante enseñanza preventiva.
No basta con renovar cada año una póliza colectiva de manera automática.
Conviene comprobar:
qué exige actualmente el convenio,
qué capitales establece,
qué contingencias cubre,
quiénes aparecen asegurados,
qué ocurre con trabajadores en baja,
y cómo se gestionan las extinciones.
Una pequeña discrepancia puede tener consecuencias importantes años después.
Los trabajadores también deberían revisar su convenio tras una incapacidad
Cuando el INSS reconoce una incapacidad, muchas personas centran toda su atención en la pensión.
Es lógico.
Pero puede haber otros derechos.
Seguro colectivo.
Mejoras voluntarias.
Indemnizaciones convencionales.
Complementos.
Planes de previsión.
No revisar estos elementos puede significar dejar sin reclamar cantidades importantes.
Los plazos para reclamar también importan
El derecho puede estar sujeto a plazos de prescripción.
Por ello, cuando se reconoce una incapacidad permanente y existe posibilidad de una indemnización convencional, conviene analizar la situación sin demora.
No debería asumirse que, por tratarse de un seguro, la reclamación puede hacerse indefinidamente.
La documentación es esencial
En un procedimiento de estas características pueden resultar especialmente relevantes:
el contrato de trabajo,
el convenio colectivo,
la póliza,
los certificados de cobertura,
las fechas de alta y baja,
la resolución de incapacidad,
la documentación médica,
y las comunicaciones entre empresa y aseguradora.
La respuesta rara vez se encuentra en un único documento.
La cuantía de 12.020 euros responde al caso concreto
La cifra no constituye una cantidad universal para todos los trabajadores incapacitados.
El importe depende del convenio y de la cobertura establecida.
Otros convenios pueden reconocer capitales completamente diferentes.
Por ello, nunca debe trasladarse automáticamente esta cantidad a otro procedimiento.
El Supremo no está diciendo que las aseguradoras nunca respondan tras finalizar el contrato laboral
Sería una conclusión errónea.
La responsabilidad dependerá del momento del siniestro asegurado y de las condiciones concretas de la póliza.
Puede haber casos en los que el trabajador ya no esté en la empresa cuando se reclama la indemnización pero el riesgo se hubiera producido mientras existía cobertura.
Cada supuesto necesita un análisis individual.
Tampoco significa que la empresa pague siempre que la aseguradora rechace el siniestro
Una aseguradora puede rechazar una reclamación por múltiples razones.
Exclusiones.
Falta de cobertura.
Contingencia diferente.
Incumplimiento de requisitos.
Eso no genera automáticamente responsabilidad empresarial.
La empresa responderá cuando exista una obligación propia incumplida.
En este asunto, esa obligación procedía de la cobertura que debía garantizar al trabajador.
Reflexión jurídica
La resolución del Tribunal Supremo permite comprender perfectamente la diferencia entre dos obligaciones que pueden parecer iguales, pero no lo son.
Por un lado está el compromiso asumido por Generali mediante la póliza.
Por otro, la obligación de la empresa frente a sus trabajadores derivada del marco laboral.
La aseguradora no tiene que pagar un riesgo que no estaba cubierto.
Pero la empresa tampoco puede utilizar esa falta de cobertura para dejar al trabajador sin una indemnización que tenía obligación de garantizar.
El resultado busca mantener cada responsabilidad en su lugar.
La aseguradora responde por lo asegurado.
La empresa responde por lo que estaba obligada a asegurar.
Conclusión
El Tribunal Supremo ha eximido a Generali de pagar una indemnización de 12.020 euros a un ayudante de cocina declarado en situación de incapacidad permanente después de sufrir un accidente de moto, al considerar que el trabajador ya no se encontraba incluido en la cobertura del seguro colectivo en el momento jurídicamente relevante.
Sin embargo, el Supremo no deja al empleado sin indemnización.
La cantidad deberá ser asumida por su antigua empresa, que era quien tenía la obligación laboral de garantizar esa cobertura.
La sentencia deja varias enseñanzas importantes.
La primera: la pensión de incapacidad permanente y la indemnización prevista por un seguro colectivo son prestaciones diferentes.
La segunda: la aseguradora solo responde dentro de los límites de la póliza.
La tercera: si el convenio obliga a la empresa a garantizar una determinada cobertura y esta no existe cuando debería, la responsabilidad puede recaer directamente sobre el empresario.
La cuarta: resulta fundamental determinar cuál es el momento relevante o hecho causante de la contingencia asegurada.
Y la quinta: el trabajador no tiene por qué soportar las consecuencias económicas de una deficiente coordinación entre la obligación convencional de su empresa y el seguro que esta decidió contratar.
La conclusión puede resumirse en una regla sencilla:
la falta de cobertura de una aseguradora no elimina necesariamente el derecho del trabajador cuando era la empresa quien tenía la obligación de garantizarlo.
En ese caso, puede cambiar el obligado al pago.
Pero no tiene por qué desaparecer la indemnización.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en incapacidad permanente, seguros colectivos de convenio, indemnizaciones laborales, reclamaciones frente a empresas y aseguradoras, Seguridad Social y procedimientos ante la jurisdicción social.