La Sala de lo Civil y Penal ratifica para cada uno de los condenados las penas de seis meses de prisión y 1.080 euros de multa impuestas por la Audiencia Provincial, en un caso que recuerda que no todo insulto constituye un delito de odio, pero que la orientación sexual de la víctima puede convertir determinadas conductas de humillación en penalmente relevantes
Por Luis Ferrer Abogado
¿Todo insulto homófobo constituye automáticamente un delito de odio?
La respuesta es no.
Pero tampoco puede considerarse que las expresiones dirigidas a humillar a una persona por su orientación sexual sean siempre simples faltas de educación carentes de consecuencias penales.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena impuesta a cuatro acusados que profirieron insultos homófobos contra un joven en Pamplona.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJN ha ratificado las penas que previamente había impuesto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial: seis meses de prisión y 1.080 euros de multa.
La resolución permite explicar una cuestión cada vez más importante en Derecho penal: dónde se encuentra la frontera entre una expresión ofensiva, una injuria y una conducta que puede ser considerada un delito de odio por atacar la dignidad de una persona debido a su orientación sexual.
La orientación sexual se encuentra expresamente protegida por el Derecho penal
El Código Penal ofrece una protección específica frente a determinadas conductas discriminatorias o de humillación relacionadas con características personales especialmente protegidas.
Entre esas circunstancias se encuentra la orientación o identidad sexual.
Esto significa que, cuando una persona es atacada verbalmente no simplemente por una discusión personal, sino precisamente utilizando su orientación sexual como elemento de desprecio, el contexto puede adquirir una importancia penal especial.
Pero la existencia de una palabra homófoba no resuelve automáticamente el caso.
Hay que estudiar:
qué se dijo,
cómo se dijo,
en qué contexto,
a quién iba dirigido,
si existió reiteración,
cuál era la finalidad de las expresiones
y qué significado objetivo tenían.
No todo insulto es un delito de odio
Esta precisión es fundamental.
El Derecho penal no puede intervenir ante cualquier expresión desagradable.
Las discusiones humanas producen palabras ofensivas.
Comentarios groseros.
Descalificaciones.
Expresiones socialmente rechazables.
Pero entre una conducta incívica y un delito existe una frontera.
Para superar esa frontera es necesario que concurran los elementos exigidos por el tipo penal correspondiente.
Por eso no sería correcto afirmar:
“Cualquier insulto homófobo lleva a prisión”.
La cuestión es bastante más compleja.
¿Qué protege realmente el delito?
En determinadas modalidades de los delitos de odio, lo protegido no es solamente el honor entendido de manera individual.
También se protege la dignidad de las personas frente a conductas de humillación, menosprecio o descrédito vinculadas a motivos discriminatorios especialmente protegidos por la ley.
Por ello, el tribunal debe analizar algo más que la existencia material de determinadas palabras.
Debe valorar el contenido discriminatorio del comportamiento.
Una discusión previa no excluye necesariamente la motivación homófoba
Puede ocurrir que el enfrentamiento tenga inicialmente un motivo distinto.
Una discusión en la calle.
Un problema entre grupos.
Una disputa personal.
Un incidente en un establecimiento.
La existencia de ese conflicto previo no significa necesariamente que las expresiones posteriores pierdan su posible carácter discriminatorio.
La pregunta será si los insultos utilizaron deliberadamente la orientación sexual de la víctima como instrumento para humillarla.
Tampoco todo enfrentamiento con una persona homosexual es un delito de odio
La conclusión contraria sería igualmente equivocada.
Si dos personas mantienen una discusión y una de ellas es homosexual, esa circunstancia no transforma automáticamente el incidente en un delito de odio.
Debe existir una conexión entre la conducta y el motivo protegido.
El Derecho penal castiga acciones concretas.
No presume la discriminación simplemente por las características personales de la víctima.
La prueba del contexto resulta esencial
Los delitos de esta naturaleza suelen exigir una valoración especialmente cuidadosa de las circunstancias.
Puede resultar relevante conocer:
qué expresiones concretas se utilizaron,
si se repitieron,
si varias personas actuaron conjuntamente,
qué sucedió antes,
qué ocurrió después,
si existieron amenazas,
si había testigos,
si se produjeron grabaciones
o si existen mensajes relacionados con los hechos.
Una palabra aislada puede tener un significado diferente dependiendo del contexto.
Las palabras tienen que analizarse dentro de la situación real en que fueron pronunciadas
Una expresión puede utilizarse de maneras diferentes.
Puede ser:
una descripción,
una broma entre personas que voluntariamente utilizan determinado lenguaje,
una discusión,
una provocación,
o una forma deliberada de humillación.
Los tribunales no deberían valorar solamente un término desconectado de todo lo demás.
La relevancia penal depende del significado que adquiere dentro del comportamiento global.
Cuatro acusados pueden responder individualmente por una misma situación
En el caso de Pamplona han sido condenadas cuatro personas.
Esto permite recordar otro principio fundamental:
cuando varias personas participan en un incidente, la responsabilidad penal sigue siendo individual.
No puede condenarse a alguien simplemente porque se encontrara dentro del grupo.
Debe determinarse qué hizo cada acusado y cuál fue su participación.
Estar presente no equivale automáticamente a ser autor
Este principio es especialmente importante en acontecimientos protagonizados por varias personas.
La mera presencia física en el lugar de los hechos no permite, por sí sola, atribuir las expresiones pronunciadas por otros.
Puede haber personas que intervengan activamente.
Otras que apoyen la conducta.
Y otras que simplemente estén presentes.
El tribunal debe establecer qué comportamiento es atribuible a cada acusado.
Cuando varias personas actúan conjuntamente, el contexto puede reforzar la humillación
También debe reconocerse la situación contraria.
Recibir expresiones discriminatorias por parte de varias personas simultáneamente puede incrementar objetivamente la intensidad intimidatoria o humillante del episodio.
Por tanto, el comportamiento grupal puede constituir un elemento relevante del contexto, siempre que la participación de cada persona quede suficientemente acreditada.
La declaración de la víctima puede ser una prueba relevante
En muchos delitos verbales no existe una prueba material equivalente a la que puede encontrarse en otros procedimientos.
La palabra pronunciada desaparece inmediatamente.
Por ello, las declaraciones de quienes presenciaron los hechos adquieren una especial importancia.
Entre ellas, la declaración de la víctima.
Su testimonio puede constituir prueba de cargo siempre que sea valorado judicialmente conforme a las garantías del proceso.
No es imprescindible disponer de una grabación
Otro error frecuente consiste en pensar que un insulto solo puede demostrarse si alguien lo grabó.
No es así.
Puede existir prueba testifical suficiente.
La propia víctima puede declarar.
Pueden existir testigos.
Agentes policiales pueden haber presenciado parte de la situación.
También pueden aparecer mensajes o comunicaciones posteriores.
Las grabaciones resultan útiles, pero no son un requisito universal para conseguir una condena.
Una grabación, cuando existe, puede resultar especialmente importante
Si alguien graba el incidente legítimamente, el archivo puede permitir comprobar:
las palabras exactas,
el tono,
la reiteración,
la intervención de cada persona,
el contexto
y la reacción de quienes estaban presentes.
Este tipo de prueba puede reducir considerablemente las discusiones posteriores sobre qué se dijo realmente.
Las redes sociales han multiplicado los procedimientos por expresiones discriminatorias
Aunque este asunto se refiere a insultos proferidos contra un joven en Pamplona, el mismo debate jurídico aparece con mucha frecuencia en internet.
Comentarios.
Vídeos.
Publicaciones.
Mensajes.
Grupos de mensajería.
Redes sociales.
El hecho de que una expresión se produzca online no impide su posible relevancia penal.
En determinados supuestos, la difusión masiva puede incluso modificar la gravedad de la conducta.
La libertad de expresión también protege palabras incómodas y ofensivas
Al analizar este tipo de delitos debe recordarse otra garantía fundamental: la libertad de expresión.
Una sociedad democrática protege opiniones críticas.
Incluso expresiones que puedan molestar, inquietar o resultar desagradables.
Por eso el delito de odio no puede convertirse en una herramienta para castigar cualquier pensamiento controvertido.
El Derecho penal debe reservarse para conductas que realmente encajen en los tipos establecidos por la ley.
Libertad de expresión no significa derecho ilimitado a humillar
Ahora bien, ningún derecho fundamental es ilimitado.
La libertad de expresión no convierte automáticamente en impune cualquier conducta verbal.
Una cosa es:
criticar una idea,
discutir una política,
expresar una opinión sobre cuestiones sociales
o defender determinada concepción moral.
Y otra distinta es dirigirse a una persona concreta para humillarla o degradarla utilizando su orientación sexual como instrumento de desprecio.
Criticar ideas y atacar la dignidad de una persona son situaciones distintas
Esta diferencia resulta especialmente importante en asuntos relacionados con religión, orientación sexual, raza o identidad.
El Derecho permite un debate amplio sobre ideas.
Pero una crítica abstracta no debe confundirse con una agresión verbal dirigida directamente contra una persona por pertenecer o ser identificada con un determinado grupo.
La línea puede ser compleja en algunos casos, y por eso exige valoración judicial individualizada.
¿Qué significa que sea un “delito de odio”?
La expresión “delito de odio” se utiliza habitualmente de manera amplia.
Pero jurídicamente puede abarcar diferentes figuras.
No existe una única conducta llamada genéricamente “odio” que permita castigar cualquier comportamiento motivado por rechazo hacia otra persona.
El Código Penal contempla diferentes delitos y circunstancias relacionadas con motivos discriminatorios.
Cada una tiene requisitos propios.
Por ello, siempre debe identificarse qué tipo penal concreto se está aplicando.
El odio interior de una persona no se castiga por sí mismo
El Derecho penal no sanciona pensamientos.
Una persona puede tener ideas moralmente rechazables y no cometer por ello un delito.
Para que exista responsabilidad penal debe exteriorizarse una conducta que encaje en un tipo penal.
Esto es esencial para comprender la diferencia entre:
tener un prejuicio
y cometer un delito motivado o caracterizado por una conducta discriminatoria.
La homofobia puede ser jurídicamente relevante cuando se exterioriza mediante determinadas conductas
Cuando el rechazo a la orientación sexual de una persona se materializa en:
humillaciones,
amenazas,
agresiones,
hostigamiento
u otras conductas tipificadas,
puede adquirir relevancia penal.
La respuesta dependerá del comportamiento concreto.
No todos los delitos relacionados con un componente discriminatorio reciben exactamente la misma calificación.
Delito de odio y agravante de discriminación no son exactamente lo mismo
También conviene realizar esta distinción.
El Código Penal contiene delitos que directamente sancionan determinadas conductas discriminatorias.
Pero también existe una agravante aplicable a otros delitos cuando se cometen por determinados motivos discriminatorios.
No son mecanismos jurídicos idénticos.
Por ejemplo, una agresión física puede constituir un delito de lesiones y, si concurren los requisitos correspondientes, presentar además una agravación relacionada con una motivación discriminatoria.
En otros supuestos, la propia conducta verbal puede encajar directamente en un delito específico.
La motivación discriminatoria debe probarse
No basta con afirmar que el acusado es homófobo.
El proceso penal necesita pruebas.
El motivo puede inferirse de circunstancias objetivas.
Las expresiones empleadas.
Los mensajes.
La selección de la víctima.
La reiteración.
El contexto.
Manifestaciones anteriores o posteriores.
Pero la inferencia debe ser racional.
No puede presumirse una motivación criminal simplemente por una intuición.
Las penas confirmadas: seis meses de prisión y multa
En el asunto analizado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado las penas impuestas previamente por la Audiencia Provincial.
Los cuatro acusados han sido condenados a:
seis meses de prisión
y
1.080 euros de multa.
La confirmación del TSJN significa que la Sala no ha apreciado motivos suficientes para dejar sin efecto la condena recurrida en los términos planteados.
Seis meses de prisión siguen siendo una condena penal
Cuando una pena de prisión es relativamente corta puede surgir la impresión de que carece de importancia.
No es así.
Una condena a seis meses de prisión es una verdadera pena privativa de libertad.
Otra cuestión diferente será cómo se ejecute.
Ser condenado a seis meses no significa necesariamente ingresar inmediatamente en prisión
Esta diferencia resulta importante.
La sentencia establece una pena.
Posteriormente deberá determinarse su ejecución conforme a las reglas del Código Penal.
En determinadas circunstancias, las penas privativas de libertad pueden ser objeto de suspensión cuando se cumplen los requisitos legalmente establecidos.
Por tanto, no debe confundirse:
tener una condena de prisión
con
ingresar necesariamente en un centro penitenciario.
Son cuestiones diferentes.
La multa tampoco es una simple cantidad administrativa
Los 1.080 euros forman parte de una condena penal.
La multa penal tiene su propio régimen jurídico.
No debe confundirse con:
una sanción administrativa,
una indemnización
o una cantidad que la víctima reciba necesariamente.
Son conceptos distintos.
Multa e indemnización tampoco son lo mismo
Una multa penal se impone como pena.
La responsabilidad civil, cuando procede, tiene otra finalidad: reparar los daños sufridos por la víctima.
Por tanto, que una sentencia establezca una multa no significa que esa cantidad vaya directamente a la persona ofendida.
Si existe indemnización, debe analizarse separadamente.
Una sentencia del TSJ puede todavía plantear otras vías de recurso dependiendo del caso
Que el Tribunal Superior de Justicia confirme una condena no significa necesariamente que cualquier posibilidad procesal quede agotada de manera automática.
Dependiendo de la resolución y de los requisitos legales, pueden existir otras vías de impugnación.
Cada procedimiento debe estudiarse específicamente.
No todos los recursos tienen los mismos requisitos ni permiten volver a discutir todas las cuestiones.
Recurrir no significa celebrar nuevamente todo el juicio
Cuando un tribunal superior analiza una condena, no necesariamente repite la totalidad de la prueba.
El recurso tiene límites.
Puede discutirse la suficiencia probatoria.
La aplicación de la ley.
La motivación.
Determinadas vulneraciones procesales.
Pero el tribunal de recurso actúa dentro del marco establecido por la legislación procesal.
La presunción de inocencia también se aplica a los delitos de odio
La especial sensibilidad social de estos delitos no reduce las garantías procesales.
Los acusados conservan su derecho a la presunción de inocencia.
La acusación debe demostrar:
qué ocurrió,
quién intervino
y por qué los hechos encajan en la figura penal aplicada.
La gravedad social de una conducta nunca puede sustituir a la prueba.
La protección frente a la discriminación tampoco debe verse como incompatible con las garantías del acusado
Un sistema penal garantista tiene que proteger ambas cosas.
La dignidad de quien sufre una agresión discriminatoria.
Y los derechos fundamentales de la persona acusada.
No existe contradicción.
Una condena legítima requiere precisamente que la protección de la víctima se consiga mediante un procedimiento respetuoso con todas las garantías.
Los insultos en grupo pueden tener consecuencias que sus autores no imaginan
En muchos incidentes callejeros existe una percepción equivocada:
“Solo estábamos diciendo cosas”.
Pero determinadas expresiones pueden tener consecuencias penales cuando superan los límites establecidos por el ordenamiento.
Especialmente cuando forman parte de una conducta de humillación dirigida contra alguien por una característica especialmente protegida.
Que no exista contacto físico no significa necesariamente que no pueda existir delito.
No es necesario agredir físicamente para que exista una conducta penal contra la dignidad
Esta afirmación resulta esencial.
El Derecho penal no protege únicamente la integridad física.
También protege otros bienes jurídicos.
La dignidad.
La libertad.
La intimidad.
El honor.
La igualdad.
Por ello existen delitos que pueden cometerse exclusivamente mediante palabras o comportamientos no físicos.
La reiteración puede modificar la valoración
Un comentario aislado y una sucesión prolongada de insultos no necesariamente presentan la misma gravedad.
La repetición puede revelar una intención de hostigamiento o humillación más intensa.
Puede aumentar el impacto sobre la víctima.
Y puede ayudar a interpretar cuál era el verdadero sentido de la conducta.
Por eso los tribunales deben valorar el episodio completo.
El lugar también puede tener importancia
No produce necesariamente el mismo efecto una expresión pronunciada en privado que una humillación realizada públicamente ante numerosas personas.
La publicidad puede incrementar la exposición de la víctima.
También puede tener relevancia para determinar la difusión de la conducta.
Pero, una vez más, no existe una regla automática.
Debe analizarse el caso concreto.
Las víctimas deberían conservar todas las pruebas posibles
Ante insultos o amenazas de carácter discriminatorio puede resultar útil conservar:
vídeos,
audios obtenidos legítimamente,
mensajes,
publicaciones,
perfiles,
nombres de testigos,
partes policiales
y cualquier documentación relacionada.
En el entorno digital conviene evitar limitarse a una única captura si es posible preservar también el contexto completo.
Una captura aislada puede perder parte del significado
Las conversaciones digitales adquieren verdadero valor cuando pueden comprenderse en su secuencia completa.
Quién escribió.
Cuándo.
Qué había ocurrido previamente.
Qué respondió la otra persona.
Qué mensajes siguieron.
Presentar únicamente una frase descontextualizada puede dificultar la valoración jurídica.
Denunciar un delito de odio no significa que el juzgado deba aceptar automáticamente esa calificación
Una persona puede acudir a la policía o al juzgado porque considera que ha sufrido una conducta discriminatoria.
La investigación deberá determinar después qué figura jurídica resulta aplicable.
Puede existir un delito de odio.
Puede existir otro delito con una agravante discriminatoria.
Puede tratarse de una infracción diferente.
O puede concluirse que la conducta no alcanza relevancia penal.
La calificación definitiva depende de los hechos probados.
Tampoco toda absolución significa que el insulto fuera aceptable
Esta cuestión funciona en ambos sentidos.
Una conducta puede resultar socialmente rechazable y, sin embargo, no reunir todos los requisitos exigidos por un delito.
El Derecho penal no es el único mecanismo mediante el cual una sociedad establece límites de convivencia.
Que un comportamiento no termine en condena penal no significa necesariamente que sea correcto.
Reflexión jurídica
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra permite recordar que los denominados delitos de odio deben abordarse con precisión.
Ni todo insulto homófobo conduce automáticamente a una condena penal, ni puede considerarse irrelevante cualquier conducta verbal simplemente porque no exista una agresión física.
El análisis debe centrarse en los hechos.
¿Qué palabras se utilizaron?
¿Contra quién?
¿Por qué?
¿En qué contexto?
¿Qué finalidad tenían?
¿Existía una verdadera conducta de humillación relacionada con la orientación sexual de la víctima?
En el caso de Pamplona, tanto la Audiencia Provincial como posteriormente el TSJN han considerado suficientemente acreditada la relevancia penal de la conducta de los cuatro acusados.
La segunda enseñanza afecta a la libertad de expresión.
Una sociedad democrática debe proteger un espacio amplísimo para las ideas, incluso para aquellas que resultan incómodas o desagradables.
Pero ese derecho no significa que cualquier ataque dirigido contra la dignidad de una persona por su orientación sexual quede necesariamente fuera del Derecho penal.
Conclusión
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena por delito de odio a cuatro acusados por proferir insultos homófobos contra un joven en Pamplona, ratificando las penas de seis meses de prisión y 1.080 euros de multa impuestas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
La resolución permite extraer varias conclusiones importantes.
La primera: la orientación sexual constituye una circunstancia expresamente protegida frente a determinadas conductas discriminatorias.
La segunda: no todo insulto homófobo constituye automáticamente un delito de odio. Deben concurrir los elementos exigidos por la figura penal aplicada y la conducta debe valorarse atendiendo a su gravedad y contexto.
La tercera: que no exista violencia física no convierte necesariamente los hechos en penalmente irrelevantes. Determinadas acciones de humillación o menosprecio pueden afectar directamente a la dignidad de la víctima.
La cuarta: cuando intervienen varias personas, la responsabilidad debe individualizarse. Nadie puede ser condenado únicamente por encontrarse dentro de un grupo.
Y la quinta: la libertad de expresión protege opiniones y críticas, incluso desagradables, pero no convierte en ilimitado el derecho a dirigir contra una persona comportamientos penalmente relevantes destinados a degradarla por su orientación sexual.
El Derecho penal no castiga las ideas interiores de una persona.
Castiga conductas.
Y cuando la orientación sexual de una víctima es utilizada deliberadamente como instrumento de humillación en circunstancias que reúnen los requisitos establecidos por la ley, esas palabras pueden dejar de ser únicamente ofensivas para adquirir relevancia penal.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en delitos de odio y discriminación, amenazas e injurias, delitos contra la dignidad, agravantes por motivos discriminatorios, recursos penales y defensa ante juzgados y tribunales.