Luis Ferrer Abogado analiza en 7 Región de Murcia cómo la dificultad para acceder a una vivienda está complicando las separaciones y divorcios, especialmente cuando uno de los miembros de la pareja debe abandonar el domicilio familiar
Por Luis Ferrer Abogado
El pasado 20 de noviembre de 2026 tuve la oportunidad de participar nuevamente en 7 Región de Murcia (7RM) para analizar una cuestión que cada vez plantea más problemas en los procedimientos de familia: la dificultad de encontrar una vivienda cuando una pareja decide separarse o divorciarse. https://youtu.be/UK7Niio0Ux0
El problema de acceso a la vivienda afecta a muchas personas, pero adquiere una dimensión especialmente compleja cuando una familia que hasta ese momento residía en un único domicilio tiene que reorganizar su vida en dos viviendas diferentes.
Una separación no supone únicamente poner fin a una relación sentimental.
Puede implicar tener que afrontar simultáneamente una hipoteca, un nuevo alquiler, los gastos de los hijos, pensiones, suministros y el coste cotidiano de mantener dos hogares donde anteriormente solo existía uno.
La situación resulta especialmente complicada cuando existen hijos menores y debe decidirse quién continuará residiendo en la vivienda familiar.
Divorciarse también supone reorganizar la vivienda
Cuando una pareja convive, gran parte de sus gastos se concentran en un único domicilio.
Después de la ruptura, esa estructura económica desaparece.
De repente pueden ser necesarias dos viviendas.
Dos alquileres o una hipoteca y un alquiler. Dos suministros eléctricos. Dos espacios adecuados para que los hijos puedan residir o pasar tiempo con cada progenitor.
Por eso una separación puede provocar un fuerte incremento de los gastos familiares incluso aunque los ingresos de ambos sigan siendo exactamente los mismos.
¿Quién se queda en la vivienda familiar después del divorcio?
Esta es una de las preguntas más frecuentes.
No existe una respuesta única.
La vivienda puede ser propiedad de ambos, propiedad de uno solo, alquilada o incluso pertenecer a terceras personas.
Además, debe distinguirse entre propiedad de la vivienda y derecho de uso.
Son conceptos diferentes.
Una persona puede ser propietaria total o parcial de una casa y, sin embargo, atribuirse judicialmente su uso temporalmente al otro miembro de la pareja.
Por tanto, en un divorcio deben separarse dos preguntas:
¿de quién es la vivienda?
y
¿quién puede utilizarla después de la ruptura?
Las respuestas pueden ser diferentes.
La existencia de hijos puede ser determinante
Cuando existen hijos menores, el interés de estos ocupa una posición especialmente relevante.
Las decisiones sobre vivienda no se adoptan simplemente para favorecer a uno de los progenitores frente al otro.
Debe valorarse cómo garantizar adecuadamente las necesidades residenciales de los menores.
Por eso el régimen de custodia puede tener una enorme importancia.
La custodia compartida no determina automáticamente quién se queda con la casa
La custodia compartida regula fundamentalmente la convivencia de los hijos con ambos progenitores.
La utilización de la vivienda debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas.
Pueden influir la titularidad del inmueble, la capacidad económica de cada progenitor, las necesidades de los hijos, la posibilidad real de acceder a otra vivienda y la existencia de otros inmuebles disponibles.
¿Qué ocurre con la hipoteca?
Otra cuestión que genera muchas dudas es la hipoteca de la vivienda familiar.
La ruptura matrimonial no modifica automáticamente el contrato firmado con el banco.
Si dos personas aparecen como prestatarias, la sentencia de divorcio no libera por sí sola a una de ellas frente a la entidad financiera.
Una pareja puede acordar que uno de ellos se haga cargo de las cuotas.
Pero, frente al banco, seguirá siendo necesario comprobar quién figura como deudor en el préstamo.
Para liberar a una persona de una hipoteca normalmente será necesaria la aceptación de la entidad financiera y la correspondiente modificación contractual.
Por eso, quedarse con la vivienda no significa automáticamente quedarse en solitario con la deuda hipotecaria.
La vivienda de alquiler también plantea problemas específicos
Cuando la vivienda familiar es arrendada, la situación cambia.
Debe analizarse quién firmó el contrato, qué establece la legislación aplicable, qué acuerdan las partes y qué decisiones se adoptan en el procedimiento familiar.
La ruptura tampoco significa necesariamente que el contrato desaparezca de forma automática.
El problema de encontrar otra vivienda puede dificultar los acuerdos
Muchas negociaciones familiares no se bloquean únicamente por cuestiones sentimentales.
A veces existe un problema material muy sencillo:
ninguno de los dos sabe dónde va a vivir después.
Si abandonar la vivienda supone afrontar un alquiler que consume una parte muy importante del salario, alcanzar un acuerdo resulta mucho más complicado.
La vivienda puede convertirse así en uno de los principales puntos de conflicto de todo el divorcio.
El uso de la vivienda no debe confundirse con su propiedad
Que uno de los miembros de la pareja pueda continuar residiendo en el inmueble después de la separación no significa necesariamente que pase a ser su propietario exclusivo.
El derecho de uso puede tener carácter temporal.
La propiedad continúa rigiéndose por el título correspondiente hasta que se produzca, en su caso, una liquidación, adjudicación, venta o transmisión.
La vivienda puede seguir perteneciendo a los dos después del divorcio
Esto ocurre con frecuencia.
El matrimonio termina, pero la copropiedad continúa.
Mientras no se liquide o venda el inmueble, ambos pueden seguir siendo titulares.
Esto puede generar posteriormente nuevos conflictos.
¿Quién paga los gastos de la vivienda?
También debe diferenciarse entre los distintos gastos.
Pueden existir cuotas hipotecarias, IBI, comunidad de propietarios, seguros, suministros, reparaciones y gastos ordinarios de utilización.
No todos tienen necesariamente el mismo tratamiento.
La respuesta dependerá de la titularidad, del uso atribuido, de los acuerdos alcanzados y de la resolución judicial.
El convenio regulador debe ser preciso
Cuando el divorcio es de mutuo acuerdo, resulta especialmente conveniente regular con claridad qué ocurre con la vivienda.
Un convenio ambiguo puede generar litigios posteriores.
Conviene determinar, cuando proceda:
quién utiliza la vivienda,
durante cuánto tiempo,
quién soporta determinados gastos,
qué ocurrirá con la hipoteca,
y si existe intención de vender o adjudicar el inmueble.
Un buen acuerdo puede evitar años de conflictos posteriores.
La vivienda de los hijos también debe tenerse en cuenta
En los procedimientos de familia no puede analizarse únicamente dónde vivirá cada progenitor.
También debe garantizarse que los hijos dispongan de condiciones adecuadas de alojamiento.
Especialmente en regímenes de convivencia alterna, ambos progenitores pueden necesitar disponer de espacios adecuados para ellos.
Esto incrementa el coste real de mantener dos hogares.
La vivienda nido no siempre es una solución sencilla
En ocasiones se plantea que sean los hijos quienes permanezcan permanentemente en la vivienda familiar mientras los progenitores se alternan en ella.
A primera vista puede parecer una solución cómoda para los menores.
Sin embargo, puede obligar a mantener tres espacios residenciales: la vivienda familiar y las viviendas de cada uno de los progenitores.
Además, plantea importantes problemas de convivencia, organización y gastos.
Por eso no puede considerarse una fórmula universal.
No es recomendable abandonar precipitadamente el domicilio sin asesoramiento
Cuando existe un conflicto matrimonial, una persona puede pensar que marcharse inmediatamente de casa es la mejor forma de evitar discusiones.
Desde el punto de vista personal puede ser comprensible.
Pero antes de adoptar decisiones importantes conviene conocer sus posibles consecuencias jurídicas y prácticas, especialmente cuando existen hijos o cuestiones patrimoniales pendientes.
Marcharse de la vivienda no significa perder automáticamente la propiedad, pero sí puede ser conveniente estudiar previamente cómo se organizará la situación familiar.
El divorcio de mutuo acuerdo permite diseñar soluciones más flexibles
Cuando existe capacidad de negociación, las partes pueden intentar adaptar la regulación a su realidad económica.
Por ejemplo, pueden pactar un uso temporal de la vivienda, una posterior venta, la adquisición de la parte del otro o determinadas reglas sobre los gastos.
Pero el acuerdo debe ser económicamente viable.
No sirve de mucho alcanzar un convenio que sobre el papel parece equilibrado si después ninguno puede cumplirlo.
El coste de dos hogares debe incorporarse a la negociación
Cuando una pareja analiza las consecuencias económicas del divorcio debería calcular de forma realista:
vivienda,
suministros,
alimentación,
desplazamientos,
gastos de los hijos,
y obligaciones financieras.
Solo así puede comprobarse si el acuerdo es sostenible.
La falta de vivienda puede prolongar convivencias ya terminadas
La realidad económica puede provocar que algunas parejas continúen viviendo en el mismo domicilio aunque sentimentalmente estén separadas.
Desde el punto de vista jurídico, esto no impide necesariamente iniciar un procedimiento de separación o divorcio.
Divorciarse no exige disponer previamente de una segunda vivienda.
Pero la dificultad para conseguirla puede complicar enormemente la ejecución práctica de las medidas que se adopten.
El problema residencial puede ser especialmente grave para quien debe abandonar el domicilio
Quien deja de utilizar la vivienda familiar puede verse obligado a encontrar en poco tiempo una alternativa.
Si además continúa pagando parte de la hipoteca, gastos de los hijos o determinadas pensiones, el esfuerzo económico puede ser considerable.
De ahí la importancia de valorar globalmente las consecuencias de todas las medidas familiares.
La sentencia no puede crear una vivienda donde no existe
El juez puede decidir sobre custodia, uso del domicilio, pensiones y determinadas obligaciones económicas.
Pero existe un límite evidente.
El tribunal no puede hacer desaparecer el problema económico que supone mantener dos viviendas ni conseguir que exista un alquiler asequible donde no lo hay.
Por eso los problemas de acceso a la vivienda terminan trasladándose inevitablemente a numerosos procedimientos de familia.
Entrevista en 7 Región de Murcia
Sobre todas estas cuestiones tuve ocasión de hablar en 7RM el 20 de noviembre de 2026, analizando cómo la problemática general de acceso a la vivienda adquiere unas características especialmente complejas cuando una pareja decide poner fin a su convivencia.
▶ Ver la entrevista completa en YouTube
Reflexión jurídica
La vivienda constituye uno de los principales puntos de conflicto en numerosos procedimientos de familia.
Y existe una razón muy sencilla.
Cuando una pareja se separa, no desaparecen los gastos que ya tenía.
En muchas ocasiones se multiplican.
Donde antes existía una vivienda, ahora hacen falta dos.
Donde existía una factura eléctrica, aparecen dos.
Y donde dos salarios contribuían al mantenimiento de un único hogar, esos mismos ingresos deben sostener dos estructuras familiares diferentes.
El Derecho puede establecer quién utiliza temporalmente la vivienda, cómo se organiza la convivencia con los hijos o qué obligaciones económicas corresponden a cada persona.
Pero no puede ignorar la realidad material en la que deben aplicarse esas decisiones.
Por eso cada procedimiento de divorcio requiere un análisis individualizado.
Conclusión
La dificultad de acceder a una vivienda no es únicamente un problema económico o inmobiliario.
También se está convirtiendo en una cuestión especialmente relevante dentro del Derecho de Familia.
Cuando una pareja decide divorciarse aparecen preguntas que necesitan una respuesta jurídica clara:
¿Quién permanece en la vivienda familiar?
¿Dónde vivirá el otro progenitor?
¿Quién paga la hipoteca?
¿Qué ocurre si ambos son propietarios?
¿Cómo influye la custodia de los hijos?
¿Puede venderse la vivienda?
¿Qué sucede si ninguno puede asumir un segundo alquiler?
No existe una respuesta idéntica para todas las familias.
La solución depende de las circunstancias económicas, familiares y patrimoniales de cada caso.
La idea fundamental puede resumirse así:
una separación no divide únicamente una relación: obliga a reorganizar toda una estructura familiar y económica. Y cuando encontrar una nueva vivienda resulta difícil o muy costoso, la casa familiar puede convertirse en uno de los aspectos más complejos de todo el proceso de divorcio.
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Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en divorcios, separaciones, custodia de menores, vivienda familiar, pensiones, liquidación de bienes y procedimientos de Derecho de Familia.