El Tribunal Superior de Justicia de Navarra mantiene las penas de prisión y las indemnizaciones y rechaza que la demora de algunas víctimas en denunciar permita, por sí sola, cuestionar la credibilidad de sus testimonios
Por Luis Ferrer Abogado
Acudir a una consulta de masaje implica permitir que un profesional tenga contacto físico con el cuerpo del cliente.
Pero ese consentimiento tiene unos límites muy claros.
Aceptar un masaje no significa consentir cualquier tocamiento, ni autoriza al profesional a realizar actos de naturaleza sexual aprovechando precisamente la situación de confianza y proximidad física creada por el tratamiento.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena impuesta a un quiromasajista por agredir sexualmente a cinco clientas, manteniendo tanto las consecuencias penales como las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas.
Uno de los aspectos especialmente relevantes de la resolución es el tratamiento de la prueba.
La defensa cuestionó la credibilidad de las denunciantes, entre otras razones, por el tiempo transcurrido antes de formular algunas de las denuncias.
Sin embargo, el Tribunal rechaza que la demora en denunciar permita concluir automáticamente que una acusación sea falsa o poco fiable.
El caso permite analizar varias cuestiones fundamentales del Derecho penal sexual: el alcance del consentimiento en una actividad profesional que implica contacto físico, la valoración del testimonio de las víctimas, el retraso en denunciar y la posibilidad de acreditar hechos ocurridos normalmente sin testigos.
Consentir un masaje no significa consentir un contacto sexual
Esta es la primera distinción que debe hacerse.
Cuando una persona acude a un quiromasajista está autorizando determinados contactos corporales relacionados con el servicio contratado.
Ese consentimiento se refiere al tratamiento.
No es una autorización general sobre su cuerpo.
El profesional puede tocar aquellas zonas y de la forma razonablemente vinculada con la prestación consentida.
Cuando el contacto abandona esa finalidad profesional y adquiere una naturaleza sexual no consentida, la situación jurídica cambia completamente.
El consentimiento tiene una finalidad y unos límites
En muchos ámbitos profesionales existe contacto físico legítimo.
Fisioterapia.
Masajes.
Medicina.
Enfermería.
Estética.
Entrenamiento deportivo.
Que una persona permita ese contacto no significa que renuncie a su libertad sexual.
El consentimiento debe interpretarse conforme al acto concreto para el que se presta.
Una clienta puede aceptar que se le practique un masaje en determinadas zonas y negarse, expresa o implícitamente, a cualquier actuación sexual.
El profesional no puede transformar unilateralmente el significado del contacto.
No es necesario que la víctima abandone inmediatamente la sesión para que pueda existir delito
Uno de los errores habituales al analizar este tipo de situaciones consiste en preguntarse:
“Si estaba incómoda, ¿por qué no se levantó inmediatamente?”
La reacción humana ante una conducta inesperada no sigue un único patrón.
Una persona puede paralizarse.
Puede tardar en comprender qué está ocurriendo.
Puede preguntarse inicialmente si determinado contacto forma parte del tratamiento.
Puede sentir vergüenza.
Puede temer una reacción del profesional.
O puede finalizar la sesión y procesar posteriormente lo sucedido.
Ninguna reacción aislada permite determinar automáticamente si existió o no consentimiento.
El contexto profesional puede generar confusión inicial
Esta cuestión tiene una especial importancia cuando el contacto físico forma parte del servicio.
En otros escenarios una determinada conducta puede identificarse inmediatamente como ajena a cualquier interacción normal.
Durante un masaje, en cambio, existe de partida un contacto corporal consentido.
Eso puede permitir que determinadas conductas comiencen de forma ambigua desde la perspectiva de la clienta.
Precisamente por eso el profesional debe actuar con especial claridad, respeto y dentro de los límites de la intervención acordada.
La confianza profesional no puede convertirse en una oportunidad para una agresión
Quien presta un servicio corporal se encuentra en una posición singular.
La clienta puede estar parcialmente desnuda.
Tumbada.
En una habitación cerrada.
Con movilidad limitada durante determinados momentos.
Y confiando en que el contacto responde exclusivamente a una finalidad profesional.
Utilizar esas circunstancias para realizar actos sexuales no consentidos supone aprovechar un entorno que existía precisamente por razón de la confianza depositada en el profesional.
Cinco mujeres denunciaron conductas de naturaleza sexual
El procedimiento presenta además un elemento especialmente relevante: los hechos afectaron a cinco clientas.
La existencia de varias denunciantes no sustituye por sí sola la necesidad de probar cada episodio.
Cada acusación debe ser analizada individualmente.
Debe determinarse:
qué ocurrió con cada mujer,
cuándo,
en qué circunstancias,
qué conducta se atribuye al acusado
y qué pruebas permiten considerarla acreditada.
No puede condenarse automáticamente por un hecho concreto simplemente porque existan otras acusaciones.
La responsabilidad debe probarse respecto de cada víctima
Este principio forma parte de la presunción de inocencia.
La existencia de varias denunciantes puede constituir un elemento relevante dentro del conjunto probatorio, especialmente cuando existen relatos independientes con características coincidentes.
Pero el tribunal no puede razonar simplemente:
“Como varias mujeres lo acusan, todas las acusaciones son necesariamente ciertas”.
La valoración debe ser mucho más rigurosa.
Los testimonios independientes pueden tener una especial relevancia
Cuando varias personas que no han construido conjuntamente una versión describen comportamientos semejantes, el tribunal puede valorar esa circunstancia dentro del conjunto de la prueba.
Pueden aparecer coincidencias en:
la forma de aproximación,
los momentos de la sesión,
las zonas corporales,
las explicaciones utilizadas,
la conducta posterior
o el modo en que cada víctima reaccionó.
La relevancia dependerá de las circunstancias concretas y de la independencia real de los relatos.
El testimonio de la víctima puede bastar para condenar
En los delitos contra la libertad sexual resulta especialmente importante recordar que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente.
No existe una regla que obligue a presentar:
grabaciones,
testigos presenciales,
restos biológicos
o lesiones físicas.
Muchos delitos sexuales se producen precisamente en lugares privados y sin otras personas presentes.
Exigir siempre una prueba externa directa equivaldría a convertir buena parte de estas conductas en prácticamente imposibles de perseguir.
Pero el testimonio tampoco tiene un valor automático
La otra cara del principio es igualmente importante.
El hecho de que una persona se presente como víctima no significa que su declaración deba aceptarse sin examen.
Los tribunales deben valorar racionalmente el testimonio.
Entre otras cuestiones pueden analizar:
su coherencia,
su persistencia,
las contradicciones relevantes,
la compatibilidad con datos objetivos,
las circunstancias en que se produjo la revelación
y la existencia de elementos periféricos que puedan apoyar determinados aspectos del relato.
La credibilidad no se presume ni se descarta automáticamente.
Se valora.
La demora en denunciar no demuestra que una acusación sea falsa
Este es uno de los puntos centrales de la resolución del TSJ de Navarra.
Una víctima no está obligada a acudir inmediatamente a la policía para que su relato pueda ser creíble.
El tiempo transcurrido constituye un elemento que puede examinarse.
Pero no existe una regla jurídica según la cual una denuncia tardía sea una denuncia falsa.
El tribunal debe analizar por qué se produjo esa demora y valorar el conjunto de la prueba.
No existe un plazo psicológico “correcto” para denunciar
Las personas reaccionan de maneras muy diferentes después de una experiencia sexual no consentida.
Algunas denuncian inmediatamente.
Otras tardan días.
Meses.
Incluso períodos más prolongados.
Puede existir vergüenza.
Miedo a no ser creída.
Sentimiento de culpa.
Dudas sobre la relevancia penal de lo ocurrido.
Deseo inicial de olvidarlo.
Temor a exponerse públicamente.
O una toma de conciencia posterior sobre el verdadero significado del comportamiento sufrido.
Por eso el tiempo transcurrido no puede utilizarse como una fórmula automática para medir la verdad.
Denunciar tarde tampoco convierte automáticamente el testimonio en verdadero
La conclusión inversa sería igualmente incorrecta.
Explicar que una víctima puede tardar en denunciar no significa que toda denuncia tardía deba considerarse cierta.
El retraso es simplemente una circunstancia más.
El tribunal debe examinar el testimonio completo y contrastarlo con todas las pruebas disponibles.
El objetivo del proceso penal continúa siendo determinar si existe prueba suficiente para superar la presunción de inocencia.
¿Por qué una clienta podría no denunciar inmediatamente?
En un contexto profesional como el de un masaje pueden existir factores adicionales.
La víctima puede preguntarse si interpretó correctamente un determinado tocamiento.
Puede pensar inicialmente que formaba parte de alguna técnica.
Puede sentir incomodidad sin saber si la conducta tenía una finalidad terapéutica real.
Puede abandonar el lugar y comprender posteriormente, al reflexionar sobre lo sucedido, que se había cruzado un límite sexual.
El contexto puede explicar por qué no siempre existe una reacción inmediata.
La ausencia de una protesta instantánea tampoco equivale a consentimiento
Consentimiento y protesta son conceptos diferentes.
El Derecho no exige necesariamente que la persona grite, se resista físicamente o pronuncie unas palabras determinadas para que pueda existir una conducta sexual no consentida.
La cuestión central es si existió una manifestación libre de voluntad que permitiera razonablemente considerar consentido el acto sexual concreto.
La pasividad no puede convertirse automáticamente en consentimiento.
Tampoco es necesaria la violencia física
Una agresión sexual no exige necesariamente golpes o lesiones.
La libertad sexual puede vulnerarse mediante actos sexuales no consentidos aunque no exista una agresión física adicional.
Por ello, la ausencia de lesiones no demuestra que la conducta fuera consentida.
En casos relacionados con tocamientos, precisamente, puede no existir ninguna marca física.
La frontera entre masaje y acto sexual debe valorarse atendiendo a la conducta concreta
No todo contacto con zonas sensibles durante un tratamiento corporal es necesariamente sexual.
Puede existir una finalidad profesional legítima.
Por eso el análisis debe atender a:
la técnica utilizada,
la zona tratada,
la explicación ofrecida,
el tipo de servicio contratado,
la necesidad profesional del contacto,
la forma en que se produjo
y el contexto global.
El tribunal debe diferenciar un contacto profesional legítimo de otro que abandona esa finalidad y se convierte en sexual.
La información previa al cliente puede ser importante
Los profesionales que trabajan directamente sobre el cuerpo deberían explicar adecuadamente:
qué tratamiento van a realizar,
qué zonas van a manipular,
si resulta necesario descubrir determinadas partes del cuerpo,
cuál es la finalidad de cada técnica
y qué alternativas existen.
Además de ser una buena práctica profesional, esta transparencia puede evitar situaciones ambiguas.
El paciente o cliente debe saber qué se va a hacer y poder decidir libremente si lo acepta.
Un consentimiento inicial puede retirarse
Aunque una persona hubiera aceptado inicialmente una determinada actuación, puede cambiar de opinión.
El consentimiento no es irrevocable.
Si durante una sesión el cliente manifiesta que desea que cese determinado contacto, el profesional debe respetarlo.
Aceptar el inicio de una sesión no significa quedar obligado a soportar cualquier actuación hasta que termine.
La relación profesional no permite presumir consentimiento sexual
Este principio resulta evidente, pero merece ser expresado con claridad.
Una persona que paga por un masaje está contratando un servicio profesional.
No existe ninguna razón para interpretar esa contratación como una invitación sexual.
La ropa utilizada.
El grado de desnudez requerido por el tratamiento.
La confianza mostrada al profesional.
O la repetición de visitas.
Ninguna de estas circunstancias equivale por sí sola a consentimiento sexual.
Volver a una consulta no demuestra necesariamente que los hechos anteriores fueran consentidos
En determinados procedimientos se utiliza como argumento que una persona regresó posteriormente al establecimiento.
Ese dato puede valorarse.
Pero tampoco tiene un significado automático.
Puede haber:
citas previamente pagadas,
dudas sobre lo ocurrido,
normalización de una conducta inicialmente confusa,
dependencia de un tratamiento,
o intención de comprobar si se repite.
La valoración debe realizarse dentro del contexto completo.
La conducta posterior de una víctima no está sometida a un modelo único
No existe una reacción humana obligatoria después de una agresión sexual.
Una víctima puede llorar.
O no hacerlo.
Puede contarlo inmediatamente.
O guardar silencio.
Puede continuar aparentemente con normalidad.
Puede sentir miedo.
Rabia.
Vergüenza.
Confusión.
Por ello, los tribunales deben evitar construir su valoración sobre estereotipos acerca de cómo “debería” comportarse una víctima verdadera.
El TSJ avala la credibilidad apreciada en la sentencia
Según la información disponible, la Sala ha considerado correcta la valoración probatoria realizada respecto de las cinco denunciantes.
El tribunal superior no ha entendido que la demora en denunciar destruya la credibilidad de sus relatos.
Por ello, ha confirmado la sentencia condenatoria.
Esto no significa que cualquier tribunal deba creer automáticamente cualquier denuncia tardía.
Significa que, en este procedimiento concreto, la prueba fue considerada suficientemente sólida pese al tiempo transcurrido antes de denunciar.
Un recurso no permite simplemente sustituir una valoración razonable por otra
Cuando una sentencia condenatoria es recurrida, el tribunal superior puede controlar:
la existencia de prueba,
su licitud,
la racionalidad de la valoración,
la motivación
y el respeto a la presunción de inocencia.
Pero el recurso no consiste simplemente en pedir:
“Crean más al acusado que a las víctimas”.
Es necesario identificar por qué la valoración realizada sería insuficiente, contradictoria o jurídicamente incorrecta.
Credibilidad y presunción de inocencia deben analizarse conjuntamente
Los delitos sexuales exigen evitar dos simplificaciones opuestas.
La primera sería pensar que una víctima debe aportar necesariamente pruebas externas extraordinarias para ser creída.
La segunda sería considerar que formular una denuncia basta para destruir la presunción de inocencia.
Ninguna de las dos posiciones es correcta.
La declaración de la víctima es prueba.
Y, como toda prueba, debe ser valorada con racionalidad y dentro del conjunto del procedimiento.
Las coincidencias entre varias víctimas pueden ser relevantes, pero deben estudiarse cuidadosamente
Cuando existen cinco denunciantes, resulta inevitable comparar los relatos.
Puede resultar especialmente relevante que describan patrones semejantes sin haber coordinado previamente sus versiones.
Pero también debe comprobarse:
si se conocían,
cuándo tuvieron conocimiento unas de otras,
si hablaron previamente,
qué información pública existía
y qué partes de sus relatos proceden realmente de experiencias independientes.
Ese examen permite valorar correctamente la fuerza probatoria de las coincidencias.
La defensa también puede cuestionar legítimamente los testimonios
Defender a una persona acusada de agresión sexual no significa atacar ilegítimamente a las víctimas.
La defensa tiene derecho a discutir:
contradicciones,
errores,
imprecisiones,
incompatibilidades,
identificación,
cronología
y cualquier otro aspecto relevante.
Forma parte del derecho de defensa.
Lo que corresponde al tribunal es decidir finalmente qué valor otorga a cada prueba.
Las indemnizaciones responden al daño causado a las víctimas
La sentencia no se limita a las penas de prisión.
También contempla indemnizaciones para las cinco víctimas.
Esto responde a la responsabilidad civil derivada del delito.
Una agresión sexual puede producir daños que no son únicamente físicos.
Puede generar:
ansiedad,
miedo,
alteraciones emocionales,
necesidad de tratamiento psicológico,
afectación de la vida cotidiana
y daño moral.
La responsabilidad civil pretende compensar económicamente, dentro de lo posible, esos perjuicios.
La indemnización no funciona como una multa
Es importante distinguir ambas figuras.
Una multa penal constituye una pena.
Una indemnización se dirige a reparar el daño sufrido por la víctima.
Por tanto, las cantidades indemnizatorias no se imponen simplemente como castigo añadido.
Su fundamento es resarcitorio.
El daño moral puede existir aunque no haya lesiones físicas
En delitos contra la libertad sexual esta cuestión tiene especial importancia.
Una víctima puede no presentar ninguna lesión corporal y haber sufrido, sin embargo, un daño psicológico o moral muy relevante.
Por ello, la responsabilidad civil no depende exclusivamente de partes médicos que acrediten lesiones físicas.
El tribunal puede valorar el impacto global de los hechos conforme a la prueba disponible.
La pluralidad de víctimas no significa una única indemnización
Cuando existen varias personas perjudicadas, debe analizarse el daño correspondiente a cada una.
No todas las víctimas tienen necesariamente que recibir la misma cantidad.
Las consecuencias pueden ser diferentes.
La valoración debe individualizarse conforme a lo acreditado en cada caso.
Sin conocer el detalle de la sentencia, no sería correcto atribuir cifras concretas a las indemnizaciones.
Una condena por delitos sexuales puede tener consecuencias adicionales a la prisión
Las condenas por delitos contra la libertad sexual pueden llevar aparejadas, dependiendo de la figura penal y de las circunstancias del caso, otras medidas y penas previstas legalmente.
Por ejemplo, pueden existir prohibiciones de aproximación o comunicación, inhabilitaciones u otras consecuencias.
No obstante, sin conocer el contenido íntegro de la sentencia no sería adecuado afirmar cuáles fueron concretamente impuestas en este procedimiento.
Un profesional que trabaja con el cuerpo debe extremar los límites
El caso también tiene una importante vertiente preventiva.
Quienes desarrollan profesiones basadas en el contacto físico deberían aplicar protocolos claros.
Explicar previamente el tratamiento.
Solicitar consentimiento cuando se van a abordar zonas sensibles.
Permitir que el cliente mantenga cubiertas las zonas que no sean necesarias.
Detenerse inmediatamente ante cualquier incomodidad.
Evitar comentarios o gestos de contenido sexual ajenos al tratamiento.
La claridad protege al cliente y también al profesional.
Un ambiente aparentemente informal no elimina los límites profesionales
En ocasiones puede surgir confianza después de varias sesiones.
Conversaciones personales.
Bromas.
Un trato cercano.
Pero la existencia de confianza interpersonal no convierte una consulta profesional en un espacio sexual.
El profesional continúa obligado a respetar el consentimiento y la finalidad del servicio.
Las víctimas deben conservar cualquier elemento que pueda resultar útil
Cuando ocurre una conducta de esta naturaleza, puede resultar relevante guardar:
mensajes con el profesional,
confirmaciones de cita,
justificantes de pago,
fechas de las sesiones,
conversaciones mantenidas después con familiares o amigos,
informes psicológicos o médicos cuando existan
y cualquier comunicación relacionada con los hechos.
No siempre habrá una prueba tecnológica directa del momento de la agresión, pero los elementos periféricos pueden ayudar a reconstruir el contexto.
Contárselo a otra persona posteriormente puede tener valor probatorio
Un familiar o amigo que no presenció los hechos no puede afirmar por conocimiento propio qué ocurrió durante el masaje.
Pero sí puede declarar sobre cuestiones que presenció directamente:
cuándo se lo contó la víctima,
qué estado presentaba,
qué palabras utilizó,
si observó cambios de comportamiento
o qué decisiones tomó posteriormente.
El alcance de esa prueba debe ser correctamente delimitado.
No denunciar inmediatamente no hace desaparecer los hechos
Esta es probablemente la conclusión socialmente más relevante de la sentencia.
Una agresión sexual no deja de existir porque la víctima tarde en acudir a las autoridades.
Otra cuestión diferente es la prescripción penal, que se rige por plazos legales y depende del delito concreto.
Pero desde la perspectiva probatoria, la demora no constituye por sí misma una prueba de falsedad.
Aunque cuanto más tiempo pasa, más difícil puede resultar obtener determinadas pruebas
La afirmación anterior no significa que el tiempo sea irrelevante desde un punto de vista práctico.
Con el paso de los meses pueden desaparecer:
grabaciones,
mensajes,
registros,
testigos,
documentación
o recuerdos precisos.
Por eso, siempre que sea posible y la víctima se encuentre en condiciones de hacerlo, una actuación temprana puede facilitar la investigación.
Pero una dificultad probatoria derivada del tiempo y una presunción de falsedad son cosas completamente diferentes.
Reflexión jurídica
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra permite abordar uno de los problemas más delicados de los procesos por delitos sexuales: cómo valorar la declaración de una víctima cuando los hechos se produjeron en privado y la denuncia no fue inmediata.
La respuesta no puede basarse en estereotipos.
No existe una única manera “correcta” de reaccionar después de una agresión.
Tampoco existe un plazo psicológico dentro del cual una víctima tenga que denunciar para resultar creíble.
Pero, al mismo tiempo, la presunción de inocencia exige que toda condena se apoye en prueba suficiente y racionalmente valorada.
Ambos principios son perfectamente compatibles.
En este caso, el TSJ de Navarra ha considerado que las declaraciones de las cinco víctimas poseían suficiente credibilidad y que la demora en denunciar no justificaba dejar sin efecto la condena.
La otra gran enseñanza se refiere al consentimiento.
Una persona que acude a recibir un masaje consiente un contacto corporal estrictamente vinculado con el servicio.
No entrega al profesional una autorización general sobre su cuerpo.
Cuando el contacto abandona el ámbito terapéutico o profesional y se convierte en un acto sexual no consentido, puede aparecer responsabilidad penal.
Conclusión
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la condena a un quiromasajista por agredir sexualmente a cinco clientas, manteniendo las penas de prisión y las correspondientes indemnizaciones.
La resolución deja varias enseñanzas jurídicas importantes.
La primera: consentir un masaje no significa consentir tocamientos sexuales. El consentimiento está limitado a la finalidad y características del servicio contratado.
La segunda: la declaración de una víctima puede constituir prueba suficiente para fundamentar una condena, incluso cuando los hechos se producen sin testigos.
La tercera: la demora en denunciar no elimina automáticamente la credibilidad de una víctima. El tribunal debe valorar las razones, el contexto y el conjunto de la prueba.
La cuarta: cuando existen varias denunciantes, cada episodio debe probarse individualmente, aunque las coincidencias entre relatos independientes puedan adquirir relevancia dentro de la valoración conjunta.
Y la quinta: la ausencia de lesiones físicas, de resistencia o de una denuncia inmediata no permite concluir automáticamente que existiera consentimiento.
En profesiones que requieren contacto corporal existe una confianza especialmente intensa.
Esa confianza permite al profesional realizar actuaciones que, fuera de ese contexto, nadie aceptaría de una persona desconocida.
Precisamente por eso los límites deben ser especialmente claros.
La confianza profesional autoriza a tratar el cuerpo dentro del servicio consentido; nunca a apropiarse de la libertad sexual de quien lo recibe.
Luis Ferrer Abogado
Asesoramiento y defensa jurídica en delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales, valoración del testimonio de la víctima, responsabilidad civil derivada del delito, recursos penales y defensa ante juzgados y tribunales.