ACTUALIDAD TRIBUNAL SUPREMO
La decisión del Tribunal Supremo de rechazar la obligatoriedad del certificado Covid para acceder a establecimientos de ocio en Andalucía deja prácticamente sin posibilidades el uso de esta medida, ya que hasta ahora todos los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas que han planteado esta cuestión han negado su aval. Solo se ha ratificado en Baleares, aunque en este caso se mantiene exclusivamente para la entrada a residencias de ancianos y grandes eventos.
El Supremo ratifica así la decisión del TSJ de Andalucía al considerar que la orden de la Junta de Andalucía “no incorpora una explicación suficiente” que justifique su implantación en toda la Comunidad Autónoma. Además, “nada demuestra que evitar los contagios solo pueda conseguirse con el pasaporte en cuestión”.
El TS destaca en su sentencia que no se trata de una limitación puntual y circunscrita a un territorio o un determinado número de personas, sino que la medida implica restricciones intensas y extensas y sin límite temporal. En este caso, el Tribunal rechaza que la medida se justifique con “criterios estandarizados”, ya que, al igual que con otras medidas puestas en marcha durante la pandemia, como los toques de queda, no se pueden generalizar las restricciones al limitarse derechos fundamentales.
La decisión del TS, que es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto tras el recurso de un gobierno autonómico, hace muy difícil la imposición del certificado Covid más allá de los viajes en las Comunidades Autónomas. Por el momento, los TSJ de Canarias, Galicia y Cantabria también han rechazado las iniciativas de sus ejecutivos regionales para intentar imponer esta medida como requisito para entrar en locales de hostelería y restauración. La Justicia también rechazó la pretensión del Gobierno de Melilla de exigir el certificado para acceder a la ciudad o para asistir a eventos deportivos y culturales.
La negativa de los Tribunales españoles a permitir el uso del certificado Covid contrasta con lo que ocurre en otros países europeos como Grecia, Francia, Italia, Austria, Dinamarca o Portugal, donde sí se exige para el acceso a diferentes locales o servicios.
Fuente de la noticia: «www.legaltoday.com»